Están en estudio controles más estrictos sobre los precios de los proyectos, la ubicación de las construcciones, la pertinencia de promover amenities, una reevaluación de la superposición de beneficios fiscales para grandes obras, y los tipos de viviendas construidas.
La Agencia Nacional de Vivienda (ANV) elaboró un estudio sobre la efectividad de la Ley de Vivienda Promovida, anteriormente conocida como de Interés Social. En su informe concluye que “persiste el desafío de orientar la inversión privada en vivienda hacia proyectos dirigidos a hogares de menores ingresos”. Además se plantea revisar los cambios normativos introducidos en 2020, que por ejemplo permitieron la inclusión de “amenities” en los proyectos, encareciendo el precio de venta final, como con la construcción de piscinas.
El ente estatal considera que se debe avanzar en instrumentos que “permitan controlar que el producto arquitectónico sea adecuado, pero que no esté dirigido a un público de altos ingresos”, por ejemplo a través de un mejor control del costo del proyecto, que repercute en el “precio final de venta”, según consignó El Observador. Este aspecto también afecta a la elección de las zonas de construcción por su “alto valor comercial”, como en Ciudad de la Costa, y el entorno de Punta del Este, por lo que la ANV plantea la necesidad de reevaluar la ubicación de las obras.
Dentro de los resultados positivos de la aplicación de la Ley, el estudio señala la construcción de “viviendas de calidad”, que contribuyeron a la ampliación de la oferta habitacional y a la recuperación urbana, además de promover inversiones en “zonas intermedias” de Montevideo y el interior.
Sin embargo, en 2020 se habilitaron cambios normativos que incluyeron la posibilidad de construir monoambientes de manera promovida, y reducir la cantidad de apartamentos de un dormitorio en los proyectos. Previo al cambio, la mitad de las viviendas correspondían a hogares de dos dormitorios. Luego de la modificación normativa, más de la mitad de los hogares pasaron a ser de un dormitorio, mientras que también aumentó la cantidad de monoambientes por proyecto.
La ANV evidencia que desde enero de 2020 a marzo de 2025 el 20% de los proyectos accedieron a una “superposición de incentivos tributarios”, debido a que se acogen a los beneficios de la Ley de Promoción de Inversiones, y de la Ley de Vivienda promovida. Por lo tanto el gobierno “debe evaluar si es pertinente” que existan proyectos que utilicen ambos beneficios fiscales, y en caso de considerarlo pertinente “coordinar acciones de seguimiento y control”, señala el documento.
Inicio