“Nuestro planteo es que el sistema de respuesta tenga una revisión absoluta e integral", señaló la politóloga especializada en violencia de género, Soledad González, integrante de la mesa de trabajo propuesta por el gobierno.
El viernes pasado, las autoridades hallaron los cuerpos de Andrés Morosini y sus hijos Alfonsina y Francisco, de dos y seis años. Morosini estaba requerido por haber ingresado sin autorización a la vivienda de su expareja, una mujer de 29 años, y llevarse a la fuerza a los dos menores en el departamento de Soriano, que terminó asesinando.
El hombre debía cumplir medidas cautelares y tenía prohibido acercarse a su expareja por violencia de género.
A raíz de este caso de violencia vicaria, el martes pasado se reunió en Torre Ejecutiva la mesa de trabajo para la construcción de una “hoja de ruta” contra la violencia de género, encuentro comprometido la semana anterior por el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, luego del trágico desenlace.
La periodista Alejandra Couto en su informe para Nada que Perder, explicó que la violencia vicaria es una forma de violencia de género en la que los hijos de las mujeres víctimas son usados como instrumento y objeto para maltratar y ocasionar daño y dolor, según Amnistía Internacional.
“No se trata de maltrato infantil en sí, sino que es un mecanismo para atormentar y humillar a la madre, pero que deriva en maltrato infantil, porque el nivel de violencia que viven los niños es una consecuencia”, aclaró la periodista.
Sobre esta problemática, la presidenta del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), Claudia Romero, dijo en diálogo con Couto que es “muy claro” el rol y la responsabilidad que tiene el instituto en la violencia de género y vicaria, porque involucra a niños y adolescentes.
“La violencia ejercida sobre la mujer es un agravio directo hacia los niños y adolescentes, porque incide directamente en ellos, que genera daños psicocognitivos y desde el punto de vista psicoemocional”, complementó.
Por su parte, la politóloga especializada en violencia de género, Soledad González, que participó en el encuentro del pasado martes, valoró positivamente la instalación de la mesa de trabajo y dijo que realizaron una propuesta metodológica para trabajar en conjunto. “Nuestro planteo es que el sistema de respuesta tenga una revisión absoluta e integral de todos los mecanismos y herramientas que intervienen, para saber si cumplen su función”, explicó González a Couto.
En tanto, la abogada Natalia Fernández, diplomada en violencia basada en género y coordinadora de la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual, también presente en la mesa de trabajo, señaló que la medida de protección de 50 metros establecida para Morosini con respecto a su pareja era "igual a nada”. “La protección, como dice la ley, debe ser eficaz y un radio de protección de 50 metros no posibilita a ninguna persona a llegar a tiempo suficiente para evitar que ocurra algún daño”, explicó en este informe.
Por su parte, el presidente Yamandú Orsi informó el miércoles en rueda de prensa que mantuvo una reunión con representantes de Unicef en Uruguay y anunció: “Están dispuestos a jugar fuerte en eso [violencia de género y vicaria] y no es un dato menor”. Una encuesta reciente de Unicef muestra que el 18,3 % de los niños y adolescentes viven en casas donde hubo violencia hacia la mujer, por parte de su pareja o expareja, en el último año.
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