"Cuando nosotros decimos que tenemos que desprisionalizar, no es abrir las cárceles", remarcó la subsecretaria del Ministerio del Interior.
La subsecretaria del Ministerio del Interior, Gabriela Valverde, aseguró en Nada que perder que esta gestión apuntará a reducir el flujo de ingresos de personas al sistema penitenciario mediante el reforzamiento de las penas alternativas a la prisión.
"En América somos el país con la mayor tasa de personas privadas de libertad con respecto a la población y si sumamos quienes están en medidas alternativas, mucho más. Y no es el país más violento", subrayó.
En ese contexto, indicó que en la mayor parte de los establecimientos existe un nivel de hacinamiento "que es preocupante", lo que deriva en una menor capacidad de control y gestión de estas personas.
Se estima que al final de este periodo habrá 22.000 personas en el sistema penitenciario: "Es un disparate", afirmó. El mantenimiento de cada persona privada de libertad, explicó, tiene un costo de 1.000 dólares al mes.
"Cuando nosotros decimos que tenemos que desprisionalizar, no es abrir las cárceles", remarcó la subsecretaria, sino que se buscará reducir el ingreso. "Necesitamos reducir el flujo de ingreso de las personas privadas de libertad", insistió.
Aclaró que no se trata que "quien delinque no tenga una pena", sino "una medida alternativa a la prisión". "Hay todo un instituto de medidas alternativas que tenemos que fortalecer y para eso necesitamos cambios normativos que se tienen que hacer desde el Parlamento", detalló.
En ese marco, los funcionarios de la cartera mantienen conversaciones con los legisladores, tanto del oficialismo como de la oposición, con la colaboración del Comisionado Parlamentario Penitenciario.
Mientras tanto, se irán habilitando plazas en nuevos módulos que se construyen en la unidad penitenciaria de Libertad y también en Punta Rieles. Los primeros casos de hacinamiento que se abordarán son los de Comcar, que están "en lo peor", manifestó.
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