El edil frenteamplista Pablo Martins argumentó que en el proyecto "Vale Emprender" impulsado por Valentina dos Santos existió “el uso indebido de dineros del gobierno nacional con fines políticos”. Los beneficiarios no fueron elegidos ni por sorteo, concurso, ni por la presentación de proyectos.
El proyecto “Vale Emprender” impulsado entre noviembre de 2021 y julio de 2024 por la exdiputada nacionalista Valentina dos Santos, condenada por abuso de funciones, y la Intendencia Departamental de Artigas (IDA) fue auditado por el Tribunal de Cuentas de la República (TCR). El proyecto funcionó bajo el programa denominado "Promoción de emprendimientos productivos" y utilizó 17,7 millones de pesos financiados con fondos de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y la IDA en una proporción del 85% y 15% respectivamente.
En la columna La tapadita de este martes, el periodista Eduardo Preve presentó el informe del TCR que señala que “no es posible verificar si las partidas recibidas fueron ejecutadas y aplicadas al fin previsto". La resolución fue aprobada por todos los ministros designados por los partidos políticos. La auditoría destaca que dicho proyecto “no recibió financiamiento del Ministerio de Desarrollo Social (Mides)”, aunque así lo indica en su presentación en redes sociales.
De la documentación examinada por el TCR se desprende que no existe “la creación formal de un programa denominado ‘Vale emprender’ sino la utilización de un nombre de fantasía bajo el cual se organizó la utilización de las partidas”. En base a las constataciones señaladas el TCR concluye que “la Intendencia no implementó controles internos adecuados para llevar adelante este programa”.
En diálogo con M24, el edil frenteamplista Pablo Martins argumentó que existió “el uso indebido de dineros del gobierno nacional con fines políticos”. Los beneficiarios no fueron elegidos ni por sorteo, concurso, ni por la presentación de proyectos sino que fueron definidos “por un grupo de personas” nombradas por la exdiputada Valentina Dos Santos “para beneficiar a algunos ciudadanos del departamento”, señaló.
Según indica el informe del TCR “dentro de los requisitos de los aspirantes no se pudo constatar que tuvieran 18 años cumplidos a la fecha, ni tampoco que hayan brindado la constancia de estar radicados en el departamento”. A su vez se verificaron ayudas al rubro extracción de arena, “que no se encuentra incluido en el objetivo del fondo”, y se realizaron asistencias a emprendimientos rurales, “lo cual es una competencia del Mides”, advierte la auditoría.
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