El diputado hizo hincapié en que la represa de Casupá "cuenta con los avales y se va a construir” y estimó que su costo podría oscilar entre los 300 y 400 millones de dólares.
El presidente de la Cámara de Diputados, Sebastián Valdomir, valoró como un “avance positivo” que el gobierno decidiera descartar el cuestionado proyecto Neptuno y propusiera al consorcio encargado de su construcción la realización de una planta potabilizadora en Aguas Corrientes. Según Valdomir, eso “destraba” la hipótesis de un juicio contra el Estado.
“El abastecimiento de agua potable para la zona metropolitana necesita ser reforzado”, remarcó Valdomir en Nada que perder. En ese sentido, expresó que el compromiso del gobierno es avanzar en la construcción de la represa Casupá (Florida), pero aclaró que esa obra no será suficiente dado que se trata del suministro de agua potable para el área metropolitana, la más densamente poblada del país.
Una vez descartado el proyecto Neptuno, que preveía la construcción de una planta potabilizadora en Arazatí, San José, queda por definir “qué otras obras” puede llevar adelante el consorcio Aguas de Montevideo, con el que Luis Lacalle Pou firmó el contrato de construcción en plena transición de gobierno.
“Hay obras importantes para hacer en Aguas Corrientes [Canelones], sobre todo en cuanto a recuperar capacidad de operación de potabilización de agua. Me parece que ahí hay una iniciativa de inversión que puede ser cubierta por el contrato firmado”, aseguró.
El entrevistado insistió en que Casupá "cuenta con los avales y se va a construir”, aunque tendrá que actualizarse su costo, que según dijo podría oscilar entre los 300 y 400 millones de dólares. Además, la construcción de esta represa “tiene un pasivo ambiental importante”, puntualizó Valdomir, porque implica el anegamiento de suelos en lugares de “fragilidad ecológica”.
Con respecto a las negociaciones entre el Ejecutivo y el consorcio Aguas de Montevideo, Valdomir aseguró que hay disponibilidad para alcanzar un acuerdo con miras a realizar otras obras y “cuadrar” los números pactados bajo la administración de Lacalle Pou, evitando así un juicio contra el Estado.
“Seguimos resolviendo temas”, señaló en referencia a la decisión adoptada ayer por el Ejecutivo. La firma del proyecto Neptuno “claramente fue un condicionamiento al gobierno que entraba y un problema a resolver”, manifestó.
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