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Investigación

Una más: Salto Grande otorgó concesión a uruguayos investigados por millonaria estafa en Paraguay

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En 2021 la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM) anunció la creación de un “hub logístico multimodal”, adjudicado a la constructora Cujó, en asociación con una empresa cuyos titulares fueron imputados en Paraguay por una presunta estafa de casi 2 millones de dólares tras una importación de vacunas que no llegó a concretarse, informa este viernes el semanario Brecha.

Las instalaciones – un puerto de barcazas, un free shop y un depósito aduanero – estaban previstas para el 2022, pero las obras nunca se iniciaron. Lo del “hub logístico” se mencionó el pasado martes 6 de febrero en ocasión de la comparecencia del canciller Omar Paganini ante la Comisión Permanente del Poder Legislativo por las polémicas contrataciones directas de la CTM.

Fue el diputado del Frente Amplio (FA), Carlos Varela, quien recordó que en una visita realizada por la Comisión de Transporte de Diputados a la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTMSG) se presentó «una serie de proyectos que estaban en marcha que parecían realmente muy importantes […] para el país”.

En este sentido, rememoró que en aquel entonces se había hablado acerca de un proyecto de hub de cargas, “que tenía a su vez una serie de decisiones logísticas que estaban involucradas directamente, como el desarrollo del puerto de barcazas, la conexión ferroviaria a través del puente con Argentina, una serie de decisiones que parecían muy importantes y muy positivas”.

Y añadió: “Es importante saber si ese plan que se nos planteó, incluso con esquemas y tiempos y financiación, se llevó adelante o simplemente quedó en un gran anuncio que no terminó”.

La CTM convocó a empresas para impulsar una serie de obras como un puerto de barcazas sobre el lago Salto Grande. Para dicho proyecto se presentaron Grupo Saceem, Teyma, Juanjo Logística, Logística Uruguaya del Litoral SA y Grupo Cujó SA-DyN Investment Group. Esta última fue seleccionada.

Este proyecto prometía construir en nueve meses las obras del puerto de barcazas, un depósito fiscal y un puerto multimodal, consigna el portal salteño 10minutos.

Estaba pensado ubicar al puerto sobre la desembocadura del arroyo Itapebí (brazo Itapebí Grande), 6 quilómetros al norte de la represa y para el resto de las obras Salto Grande cedería por 30 años el uso de tres padrones situados al sur del edificio Paso de Frontera.

La inversión prevista, de acuerdo a información de varios medios de prensa, ascendía entre 70 millones y 75 millones de dólares. En tanto, para construir el puerto, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) adjudicó a Hidroagro SA en concesión una fracción de álveo público en el río Uruguay, y una concesión para la construcción y explotación de una terminal portuaria. Las dos por 30 años. Esta empresa es dirigida por Ignacio y Matías Cujó, según datos de la Dirección General de Registros.

La imputación a los inversores es del 24 de abril de 2023 por la Unidad Penal 8 de Encarnación, publica Brecha este viernes 9, pero los hechos presuntamente delictivos comenzaron en 2021. La agente fiscal Liliana Herenia Galeano relata que “en el año 2021, en plena crisis de pandemia mundial, habría llegado a nuestra ciudad el Sr. Gaspar Nicolás dos Santos, ante las supuestas víctimas, Sr. Carlos Emilio Soler, Sr. Andy Sbardella y Sr. Horacio Biga, como un inversor de alto perfil, prometiendo inclusive realizar varias inversiones en el Paraguay de diferentes rubros, señalando tener varios negocios en el país y en el exterior”.

Dos Santos, que de acuerdo al documento judicial reside en Punta del Este, se presentó “como representante de Bharat Biotech International Limited (de India), mostrando un documento como supuesto representante o apoderado; y luego de varias conversaciones ofrece realizar un negocio de compra de vacunas (contra covid-19) de la marca Covaxin”.

El uruguayo les presentó al administrador de la firma DyN Investment, Méndez Maciel. El 12 de marzo de 2021 firmaron con los empresarios de Paraguay “el convenio de importación, distribución y venta de vacunas», y el 25 de marzo agregaron un anexo por el cual “las partes convenían en aportar los montos de dinero al efecto del negocio planteado” por Dos Santos y Méndez.

En el “tiempo de la firma (24 de marzo de 2021) y estando en el país el Sr. Nicolás dos Santos, bajo una excusa, solicita (que) se le entregue una suma de 20 mil dólares americanos, que fue entregada en propia mano por Maxi Farma SA, siempre como parte de pago de la compra de vacunas y dentro del marco de los contratos suscriptos”, prosigue el texto.

Posteriormente los uruguayos “solicitan que se realice transferencias bancarias a nombre de la empresa DyN Uruguay SAS, para la compra de las vacunas, cuyas transacciones y facturas se agregan a esta presentación, lo cual es reversado por el sistema bancario”. A través de Maxi Farma SA los empresarios paraguayos giraron 179.900 dólares.

Dos Santos y Méndez informan que “debido a unos inconvenientes del sistema bancario en Uruguay (el giro) no podría hacerse a nombre de la empresa DyN Uruguay SAS ni en Uruguay, pasando otro número de cuenta de un tercero (…) en Estados Unidos”

Es decir que hacia esa cuenta “habilitada en la ciudad de Nueva York”, “con número de referencia 626463053136951” y “a nombre de Luis Pablo González Sánchez” (tercer uruguayo imputado), el empresario argentino Horacio Biga transfirió 1 millón y medio de dólares, que se suma a una transferencia de Carlos Emilio Soler a una cuenta a nombre de González Sánchez “en el Citibank NA” y a través del Banco GNB por 200 mil dólares. Fueron 1.850.000 que se transfirió, de acuerdo al documento de la Justicia paraguaya.

Sin embargo, el 24 de marzo, a poco de firmar el primer contrato para el negocio entre uruguayos y paraguayos, India suspendió las exportaciones de vacunas para abastecer el mercado interno y al otro mes en Brasil se haría público un escándalo por la compra de Covaxin mediante una empresa offshore en Singapur a precios inflados y con sospechas de sobornos cobrados por intermediarios del gobierno de Bolsonaro. Esto hizo caer el acuerdo. Pese a que los paraguayos y los uruguayos acordaron rescindir el contrato, el reembolso de los casi 2 millones de dólares no se concretó. Interpol Paraguay pidió los antecedentes de los imputados a Uruguay.

Brecha informa finalmente que la delegación uruguaya en la CTM asegura que el contrato para el hub logístico se rescindió por incumplimientos de los inversores.