“Estamos atentos al contrato que van a elaborar de acá el 31 de agosto, de que se respete la Constitución; los privados no pueden estar en ningún proceso de abastecimiento de agua potable”, sostuvo Selva Ortiz, de Redes Amigos de la Tierra.
Referentes de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida (CNDAV) y del Movimiento por un Uruguay Sustentable celebran que el gobierno decidiera descartar el proyecto Neptuno, pero advierten que permanecerán “alertas” a las modificaciones y definición del contrato con el consorcio privado Aguas de Montevideo para la realización de nuevas obras.
“Entendemos que es una muy buena noticia que se descarte el proyecto Neptuno, es una conquista del movimiento popular, de la articulación que hemos hecho con la academia, con la Universidad de la República, con diferentes actores sociales”, expresó a M24 María Selva Ortiz, integrante de Redes Amigos de la Tierra y de la CNDAV.
Ortiz recordó que durante cuatro años las organizaciones sociales denunciaron “todas las deficiencias” del proyecto Neptuno, que preveía la construcción de una potabilizadora sobre el Río de la Plata, y demostraron que se trataba de “una falsa solución” para el abastecimiento de agua potable en el área metropolitana.
Para Ortiz, la cancelación de Neptuno no solo beneficia a los ciudadanos de esta zona, sino a los de todo el país, porque sus costos -casi 900 millones de dólares en 17 años- los hubieran pagado “todos los usuarios de OSE”.
La activista consideró “muy importante” que se vuelva a mirar la cuenca del Santa Lucía como fuente de agua, en referencia a la nueva planta potabilizadora anunciada por el actual gobierno. “La academia dice que la cuenca del Santa Lucía da y sobra para abastecer el área metropolitana”, afirmó.
No obstante, advirtió que se trata de una cuenca “que está con altos índices de degradación” que debe revertirse con “medidas drásticas”. Por otro lado, entiende que son “muy oportunas” las obras planteadas en el arroyo Solís Chico, donde se construirá una reserva de agua y una pequeña planta potabilizadora.
“Estamos atentos y alertas al contrato que van a elaborar de acá el 31 de agosto [gobierno y consorcio Aguas de Montevideo], de que se respete la Constitución en el sentido de que los privados no pueden estar en ningún proceso de abastecimiento de agua potable”, subrayó en alusión al artículo 47 de la Constitución de la República.
Consultado por M24, Raúl Viñas, referente de Movus, manifestó su “beneplácito” por la decisión de que la toma y la potabilización de agua no se coloque en la zona de Arazatí, como preveía el proyecto Neptuno, ya que en la "opinión unánime” de la academia y técnicos “no era el lugar adecuado” por motivos vinculados con salinidad, contaminación y costos.
Si bien Viñas valora positivamente las obras anunciadas en la cuenca del Río Santa Lucía, subraya que son diferentes a las planteadas en el contrato original, por lo que correspondería hacer un nuevo llamado a licitación.
Asimismo, el ambientalista criticó la posibilidad de que se mantenga el pago por disponibilidad y mantenimiento de las obras previsto en el contrato original porque es “es altamente inconveniente” dado que el Estado termina pagando “entre tres y cuatro veces” más lo que cuestan las obras.
Para el ambientalista, ese contrato original debió ser anulado.
Viñas también criticó que en los anuncios del gobierno, el viernes pasado, no se mencionara la reparación de las redes de distribución de Montevideo, por donde se pierde el 50% del agua potable. Recordó que la planta anunciada prevé potabilizar 200.000 metros cúbicos diarios. “Cuando perdemos eso y no se está reparando las redes, verdaderamente no parece lógico”, zanjó.
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