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Trabajadores de la Enseñanza Privada “no van a firmar ni avalar un acuerdo que consagre la rebaja salarial” y anunciaron un paro de 24 horas para el 28
21/08/2020
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Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS.

Entrevistados en InterCambio los dirigentes sindicales de la Educación José Olivera y Sergio Sommaruga, de la Fenapes y el Sintep, desnudaron el contenido privatizante de la política educativa oficial y lo vincularon directamente con la orientación socioeconómica antipopular del gobierno.

Los entrevistados se refirieron primero a la prohibición por el Codicen del uso en los liceos de tapabocas con leyendas impresas contra la Ley de Urgente Consideración (LUC), prohibición cuestionada por improcedente por parte de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH).

Sobre este tema Olivera reflexionó que con el dictamen de este organismo queda “claramente demostrado que había un mecanismo de censura previa” instrumentado por las autoridades de la educación. La prohibición “no tiene base legal”, opera mediante “discrecionalidad” y lo hace en el marco de “una política que se instala en toda la educación”. Esa política no solo “prohíbe el uso de tapabocas” contra la LUC sino también se expresa con “sanciones a compañeros por haberse adherido a un paro” y que alcanzaron a “un director” de liceo en Treinta y Tres. “Estamos hablando de una práctica política más que de aspectos jurídicos”, resumió el dirigente.

Después habló del capítulo presupuestal en ciernes, de salarios y de recursos para Secundaria y la Educación. Informó que “desde el punto de vista formal, prácticamente negociación no está existiendo”, mientras que “en contenidos el gobierno está procesando un ajuste estructural” de recursos “en el Estado” sin que ello guarde relación real con “la pandemia”.

Mencionó otras dimensiones del ajuste vinculadas a precios minoristas y tarifas de servicios, dimensiones que constituyen una primera etapa y “la segunda etapa de ese proceso viene en el Presupuesto”. De hecho, el propio gobierno opera “un ajuste sobre el empleo y sobre el salario en el sector público”, pudiéndose proyectar “por lo menos una pérdida salarial para el 2020 y el 2021”, y aun sin que esté claro cómo será entre el 2022 y el 2024.

Y, razonó Olivera, “si no se procesan esas reestructuras” por razones políticas y de fuerzas en pugna, “funciona como elemento disciplinador” el criterio del “3 por 1” entre egresos e ingresos para cubrir “las vacantes”. Ya “hoy se está hablando de rebajar horas docentes”, de “aumentar la cantidad de estudiantes por grupo” y de otras cosas que aún no están confirmadas.

Al igual que Sommaruga, el dirigente de Fenapes habló de exoneraciones fiscales a la enseñanza privada, que se acentuaron durante el gobierno “de Lacalle padre” y siguieron con todos los gobiernos hasta el presente. Este proceso es funcional a “la construcción política de la crisis de la educación pública” como asunto instalado en la ´opinión pública´. Advirtió contra “la creciente presencia de empresas en el sector” educativo privado, que “tiene no solo una fuerte subvención del Estado” sino también la capacidad de “generar condiciones para la expansión de estas empresas en el sector educativo” en los años por venir. “Mucho de esto tiene la LUC”, apuntó.

Se refirió así al “papel de grupos empresariales que han promovido la construcción de sentido común” en torno a la falsa crisis de la educación pública. Esos sectores están representados en el Estado por las máximas jerarquías del Ministerio de Educación y Cultura. Basta ver “quiénes financiaban a Eduy21”, o sea “Fundación Itaú, Fundación Santander” y grupos privados estrechamente relacionados a “las cámaras empresariales”.

De esa forma y durante al menos las últimas tres décadas, “se instaló un relato que construye hegemonía en la sociedad” y “esa concepción recorrió todo el espectro político partidario”. Esa operación de largo plazo está “asociada a esta concepción de la eficacia y la eficiencia” en la educación, en un contexto universal en el que “cada vez el Estado es más rehén del mercado” en todos los ámbitos y actividades. Y en estos meses se refleja en un proceso de privatización de hecho de los debates en torno a los grandes temas nacionales que está configurando el gobierno a través de la LUC.

Sommaruga, por su parte, también se refirió a la prohibición del uso en liceos de tapabocas contra la LUC y a la declaración de rechazo al respecto por parte de la INDDHH. Dijo que “en las instituciones de enseñanza privada, en muchos casos” ya que “no podemos generalizar” a todos los colegios del país porque hacerlo implicaría incurrir en “una injusticia valorativa, (…) la democracia termina en el cordón de la vereda”, graficó.

Explicó que “el derecho consagrado” en una Ley, en este caso la libertad de expresión y opinión, se torna realidad solamente con el ejercicio efectivo de esa libertad, lo que en este caso pasa por la actividad sindical y gremial. Por eso mismo, para el Sintep es necesario recalcar una y otra vez que “cualquier trabajador o trabajadora en cualquier rincón del país sepa que no está solo o sola”. El ejercicio real de derechos “es la garantía para enfrentar al autoritarismo”, o sea “al final del día es la única barrera de contención”.

Luego reflexionó sobre cuál debe ser el rol ideal de la política en la sociedad, esto es “generar condiciones para ser mejores personas”, meta ubicada en las antípodas de lo que hace el gobierno cuando quita recursos al “Inefop” o con “los recortes para la educación” y la “primera infancia”.

Después informó que “estamos en un proceso de negociación colectiva” y en éste, “enfrentando los lineamientos generales del gobierno, que plantean claramente la pérdida de salario” según la pauta salarial general oficial. “Objetivamente hay una pauta regresiva en tanto instala la pérdida de salario pura y dura”, por lo tanto, anunció, “no vamos a firmar, este Sindicato no va a avalar un acuerdo que consagre la rebaja salarial”.

“El viernes de la semana entrante hay paro general de 24 horas en la enseñanza privada en rechazo a la intransigencia en la negociación colectiva, la rebaja salarial, la inestabilidad laboral y como mensaje de malestar hacia el INAU” a causa de “una situación muy compleja en donde el INAU deja de cuidar a ese conjunto de trabajadores que quedan en situación objetiva de vulnerabilidad (sanitaria) si contraen” el Covid-19.

Luego habló de las severas consecuencias de la ausencia “de planificación estratégica” en la educación privada y de ésta como un negocio sin límite alguno y además promovido por exoneraciones fiscales millonarias en dólares. Explicó que esa ausencia se revela en toda su gravedad en las coyunturas de crisis económica como la abierta en el país desde Marzo. “Acá hay una política de desregulación y de transferencia” de recursos contantes y sonantes “de los sectores más pobres a los más pudientes”.

El dirigente del Sintep describió más adelante algunos contenidos privatizantes de la LUC. “Ahí hay una transferencia, en pagar becas” para favorecer con mayor alumnado a la educación privada, así como también en “que el Estado contrate procesos de investigación a universidades privadas” alegando engañosamente un tema de igualdad con la Udelar.

Entre otros asuntos vinculados, Sommaruga y Olivera coincidieron en que la capacidad de egreso de los ciclos educativos obedece a una cuestión “de clase” social, es decir de puntos de partida y capacidades socioeconómicas.