Trabajadores de la construcción, empleadas domésticas y peones rurales no están en condiciones de postergar edad de retiro, señala experto
18/11/2020
https://www.m24.com.uy/wp-content/uploads/2020/11/20201118_Bai.mp3

Entrevistado en InterCambio el economista Hugo Bai, quien integra la comisión de especialistas creada a instancias del gobierno y su intención de reformar en breve el sistema de seguridad social, advirtió contra el peligro de hacerlo aumentando las desigualdades e injusticias ya existentes hoy. 

Esa comisión transita ahora la etapa de recepción de insumos y a partir de diciembre seguramente iniciará la elaboración de diagnósticos, explicó Bai, que a continuación desgranó los grandes desafíos del sistema previsional.

Primero mencionó elementos generales de la situación vigente y abogó por “discutir una reforma que le dé sustentabilidad de mediano y largo plazo al sistema”, esto es “la cuestión económico-financiera”, la ecuación de “los ingresos y los egresos” de los regímenes previsionales, “un desafío” de alcance “mundial” que incluye otro “desafío muy fuerte vinculado también con el gasto en Salud” porque “una cosa está vinculada a la otra”, recordó. 

Al respecto, el economista explicó que en nuestro país “la baja tasa de natalidad, sumada a este aumento de la longevidad” como tendencia de expectativa de vida, “genera ese proceso de envejecimiento poblacional” que graficó con datos oficiales. “En 1950 el porcentaje de población mayor de 65 años estaba en el orden del 8% de la población total” del país “y las proyecciones que hizo hace un tiempo la OPP indicarían que en el año 2050, un siglo después, esa proporción crecería a 22 coma algo por ciento”. 

Con semejante evolución “se va haciendo cada vez más complejo financiar la protección para esa gente. Y es absolutamente fundamental que esa gente siga teniendo protección, porque si no, empezaríamos a tener problemas de otro tipo que seguramente la sociedad no los va a aceptar”, advirtió Bai.

En función de esa realidad “el tema demográfico sin lugar a dudas es un desafío de primer orden”, pero a la par también lo son “todos los cambios en el mundo del trabajo asociados al cambio tecnológico”, porque esto puede subir “la desigualdad” por la obsolescencia de actividades y oficios.

Luego señaló otro desafío especialmente complejo para el país. “Los sistemas de seguridad social en última instancia (…) también reflejan lo que ocurre en el mercado de trabajo; en Uruguay tenemos una informalidad que si bien es baja en la comparación regional, estamos hablando de 25% de ocupados que no aportan a la seguridad social, 400.000 personas”. Se suma “el desempleo”, que “está en el orden del 11%” y “para las mujeres ese desempleo es mayor y para los jóvenes mucho mayor, de casi 30%”.

Asimismo, “el nivel de salarios” constituye otro problema del sistema porque “todavía tenemos un 25% de asalariados que gana por debajo de 20.000 pesos líquidos al mes por 40 horas de trabajo semanales”. Y esto implica que una gran cantidad de cotizantes aportan muy poco al sistema. 

Así, el sistema previsional aún presenta un conjunto de características por las que “requiere todavía de un pilar no contributivo importante, subsidios a algunos sectores que tienen baja capacidad contributiva”, o sea mantener apoyos “para que la reforma no retroceda” en equidad ni en coberturas.

Recordó también que “el BPS financia mucho más que jubilaciones y pensiones”, como los subsidios por enfermedad, maternidad y paternidad entre muchos otros. Entre tanto, el aporte mensual de los trabajadores activos duplica al patronal, 15% y 7,5% respectivamente, “un poco al revés de algunos países europeos” como de otros periodos del país: “en algún momento el aporte patronal en Uruguay llegó a estar en el orden del 20%”.

Al día de hoy y en cuanto a la financiación del conjunto de prestaciones que garantiza cada mes el BPS, “hay un 60% de los ingresos del BPS que se corresponden con estas cotizaciones sociales, pero después hay otro 40% (…) que tiene que ver con impuestos generales afectados” para financiar prestaciones “a las que no toda la sociedad tiene derecho”. Y esto también representa “un desafío” para evitar la generación de mayor “regresividad”.  “Y después, cuando los recursos no son suficientes, hay una partida de asistencia financiera” del Gobierno “que hoy está en el orden de 1%, un poquito más de 1% del PBI y que es lo que comúnmente se denomina ´el déficit del BPS´”, que ahora se aproxima a los “600 millones de dólares”.

Luego abordó otros déficits, como los “problemas en el pilar de ahorro individual, con una cartera muy deficitaria para el Banco de Seguros del Estado, que se hace cargo de los pagos de las jubilaciones por AFAP”. Y también “los otros subsistemas”, del que “se destaca por lejos el tema de la ´Caja Militar´, porque claramente el déficit es muy muy abultado”, tanto que “si lo comparamos por la cantidad de beneficiarios a los que cubre la ´Caja Militar´, es exageradamente más alto que cualquier otro déficit”. 

Por todas estas razones, “la reforma necesariamente tiene que tener una mirada integral”, para elaborar “el diagnóstico” de cada capítulo como para “el diseño de las propuestas”, que deben estar guiadas “por una perspectiva de equidad” y apuntando a superar las “situaciones de privilegio”, reclamó. El BPS atiende las realidades de “vulnerabilidad” mayor, “ampara un conjunto muy amplio donde hay sectores realmente complicados desde el punto de vista de su capacidad de contribuir al sistema”, puntualizó Bai.

Sobre la edad de retiro mínimo y la tasa de reemplazo, es decir el monto de jubilación, consideró que “Uruguay precisa que la gente en promedio se retire más tarde, que vaya postergando la edad de retiro, justamente porque vivimos más y (…) tenemos que mantener un cierto equilibrio entre el periodo en el que aportamos al sistema y el periodo en el que recibimos la jubilación. Creo que allí hay una razón de equidad intergeneracional”, dijo. 

Pero al mismo tiempo, “otra discusión más delicada es cuando se pretende que esto se dé al barrer”, empezando por “el tema de la gradualidad”, esto es “no afectando de forma radical lo que ocurre entre una generación y otra muy cercana”, es decir evitar “la inequidad horizontal” para, por ejemplo, no “cambiar la edad de retiro de un momento para el otro en cinco años”. 

Otro horizonte deseable es reformar preservando “la integralidad” de los sectores de la sociedad, desafío ya referido por el técnico al hablar de los “déficits de los subsistemas”, asunto del que se deriva “el tercer punto, que creo es el central” y remite a “las enormes desigualdades que existen en la sociedad” dado que “hay tareas que desarrolla la gente a lo largo de su vida que tienen un nivel de desgaste físico muy diferente”. Por lo tanto, tales diferencias deben ser contempladas necesariamente para definir las edades de retiro. “Acá el problema es que hay una cantidad de gente que no está en condiciones de poder postergar esa edad de retiro: los trabajadores de la construcción, las empleadas domésticas, los peones rurales, determinadas tareas que requieren un desgaste físico muy muy intenso a lo largo de la vida. Esta gente llega a los 50 y tantos, a los 60 años con la lengua afuera”.

Pero además, el economista exhortó a los decisores a “tener cuidado cuando le demandemos a esa gente seguir trabajando en esos sectores” porque “van generando un gasto cada vez mayor en el Sistema de Salud”. 

Y luego añadió “un segundo punto que tiene que ver con la desigualdad” y que está siendo “recientemente estudiado”. El mismo radica en que “este aumento de la longevidad no se distribuye de la misma manera entre diferentes sectores socioeconómicos”. Tomando un hipotético incremento promedio de 20 años en la expectativa de vida, “para un individuo pobre esa sobrevida quizás es de 17 y para uno de muy altos ingresos puede llegar a ser de 23”. Es así que “si pensamos en aumentar la edad mínima de retiro pareja para todo el mundo y llevarla a los 67 años, podemos profundizar estos componentes regresivos que ya están vigentes en el sistema hoy”. 

Ello significa que actualmente ya se genera, cada mes y cada día, “una transferencia de los sectores de bajos ingresos a los de altos ingresos por no diferenciar este tipo de cosas”. Y a partir de esta situación, de hacerse una reforma sin preverse la disminución de estas regresividades, “los ricos estarían cobrando la jubilación un 50% más de tiempo que los pobres”. Por eso “el sistema precisa que la gente postergue la edad de retiro, pero que lo hagan efectivamente aquellos sectores que pueden hacerlo” y no los demás.