El TCA sostuvo en su sentencia que en la ley que creó el Fondo de Garantía de Créditos Laborales no existe “disquisición expresa entre créditos concursales y posconcursales”.
El Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) anuló una resolución del Banco de Previsión Social (BPS) que había rechazado pagar créditos laborales posconcursales a un trabajador del sector privado a través del Fondo de Garantía de Créditos Laborales. La sentencia establece que la Ley N.º 19.690 —que creó este fondo en 2018— no distingue entre créditos concursales y posconcursales, por lo que deben ser reconocidos ambos.
El caso resuelto por el TCA refiere a un extrabajador de Alimentos Orgánicos Uruguayos, pero la interpretación del BPS fue la misma que aplicó en el caso de Casa de Galicia, cuando tras el cierre de la mutualista en diciembre de 2021 decidió no pagar los créditos laborales posconcursales a sus 2.100 extrabajadores.
Ante esa situación, en 2023 se promovió un proyecto de ley para corregir esa interpretación, pero el entonces presidente Luis Lacalle Pou vetó los artículos que ordenaban el pago. Según explicó en su momento a Nada que perder el senador nacionalista Sergio Botana, el argumento del Ejecutivo fue que cubrir los créditos de los extrabajadores de Casa de Galicia “absorbería” buena parte del fondo, lo que generaría un privilegio frente a otros trabajadores.
Para el TCA, sin embargo, la ley no habilita esa distinción. En su fallo, cita el principio de la interpretación más favorable a la persona humana. La presidenta del organismo, María Rosina Rossi, sostuvo que no hay en la norma “disquisición expresa” entre tipos de créditos, ni puede inferirse tal diferenciación.
El senador del Frente Amplio (FA) Óscar Andrade sostuvo en su cuenta de X que “miles de trabajadores fueron perjudicados por esa interpretación [del BPS], entre otros los de Casa de Galicia” y, tras este fallo del TCA, añadió: “El tiempo nos dio la razón, ¿se harán la autocrítica los que generaron este daño innecesario?”. Por su parte, Botana dijo a La Diaria que Lacalle Pou “vetó lo que no debía vetar”.
En noviembre de 2023, Botana ya había criticado el criterio adoptado por el Ejecutivo. En declaraciones a Nada que perder, señaló: “no logro comprender la decisión de pagarles menos de un tercio de lo que correspondería en la situación de mínima”. Los trabajadores sostenían que las dedudas ascendían a 43 millones de dólares, pero el Gobierno insistió con un fondo por ocho millones de dólares.
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