Solicitan al actual ministro del Interior que actué con “mayor celeridad” y revoque la sanción “injusta”, con “claros objetivos de persecución”.
Un total de 15 organizaciones firmaron y emitieron un comunicado en el que rechazan “enérgicamente” la situación que atraviesa la directora de la Asociación Civil El Paso, Andrea Tuana, que el Ministerio del Interior sancionó en la gestión pasada, a cargo de Nicolás Martinelli.
La sanción se firmó en el último día de Martinelli como ministro del Interior, después de que la cartera llevara a cabo un sumario administrativo contra la directora de la ONG, tras sus declaraciones sobre la situación de niños en bocas de venta de droga. Tuana había denunciado que se deja a niños “en forma de garantía” en esos puntos de venta y que lo mismo ocurre con situaciones de explotación sexual vinculadas al narcotráfico.
Tuana se encuentra suspendida de su cargo de trabajadora social en el Departamento de Neuropsiquiatría Pediátrica del Hospital Policial sin goce de sueldo desde abril de 2025. Las organizaciones firmantes solicitan al actual ministro del Interior, Carlos Negro, que actué con “mayor celeridad” y revoque la sanción “injusta”, con “claros objetivos de persecución” a una defensora de derechos humanos, según explican.
“Consideramos que esta sanción violenta principios constitucionales fundamentales como la libertad de expresión y envía un mensaje disciplinante a quienes, desde la función pública, realizan una tarea comprometida por la prevención y combate de la violencia de género y la violencia hacia las infancias y adolescencias”, manifiesta el texto difundido.
En ese sentido, las organizaciones argumentan que las expresiones públicas de Tuana sobre los cruces entre tráfico de estupefacientes y violencia contra niños y adolescentes, “parten del derecho de libertad de expresión” y constituyen una “crítica pública imprescindible” para avanzar en políticas efectivas.
“La negación de los problemas estructurales y la sanción de aquellos que los visibilizan potencia un siniestro círculo de complicidades, entre omisiones y acciones, que solo beneficia a los poderes que vulneran los derechos de infancias y adolescencias”, concluye el comunicado.
El texto está firmado por la Asociación Civil Radio Vilardevoz, Adasu, Cippus, El Abrojo, El Paso, Fucvam, Fundación Centro de Educación Popular, Gramin, Gurises Unidos, Luna Nueva, Plataforma Infancias y Adolescencias (PIAs), Servicio Paz y Justicia (Serpaj Uruguay), Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual Vida, Educación Visión Nocturna.
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