Sin clases: 1.500 trabajadores de la educación privada sin empleo en Paraguay
25/05/2020
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Mientras el mundo se prepara para el retorno a las aulas, el país sudamericano mantiene firme su decisión de no retomar la educación presencial en lo que resta del 2020. La educación privada y las actividades vinculadas con el sector se cuentan entre las mayores afectadas por la medida.

El gobierno de Mario Abdo Benítez lo dejó claro: las clases podrán retomarse desde diciembre en adelante salvo contadas excepciones. La medida atiende la posibilidad de que una vuelta a la educación presencial de niños y jóvenes pueda provocar una expansión del brote de contagios del nuevo coronavirus.

Sin embargo, la preocupación es creciente entre los padres que no tienen con quien dejar a sus hijos para asistir a sus trabajos y entre los trabajadores directos o indirectos que dependen de la actividad. Transportistas de escolares, proveedores de insumos para la enseñanza, maestros y funcionarios de la educación privada son algunos de los más afectados.

«La decisión no podemos ni queremos discutirla porque en primer lugar está la salud y es lo más importante. Estamos de acuerdo en que hoy esa es una necesidad hasta que pase el invierno», dijo a Sputnik Luis Ramírez, director de la Asociación de Instituciones Educativas Privadas del Paraguay (AIEPP).

De todas maneras, agregó que la implementación de esa suspensión tuvo muchos problemas al igual que el establecimiento de una fecha de reinicio en un lapso tan grande. «Fue abrupto y poco consensuado», agregó Ramírez, quien aseguró que desde AIEPP negociarán una vuelta antes de diciembre si en los próximos meses lo permite la situación sanitaria.

Hasta el momento, 91 instituciones de educación privada cerraron sus puertas desde el inicio de la emergencia sanitaria y 90 de ellas fueron jardines de infantes. «Eso significa cocineras, cambiadoras, maestras de primera infancia, transportistas [que quedaron sin empleo]. Significa un montón de situaciones añadidas que hoy están afectando a 1.500 trabajadores y trabajadoras», indicó el delegado gremial.

Las que corren más riesgo de seguir por la misma senda son las 600 instituciones que Ramírez denominó como colegios «privados privados». Estos emplean directamente al menos a 17.000 personas según el Mapa Educativo elaborado por el Ministerio de Educación Pública del país. Tales colegios se diferencian de los «privados subvencionados» en que se financian exclusivamente por las cuotas que cobran y no cuentan con ayuda estatal.

«La educación no es como cualquier otro negocio. Acá los gobernantes no entendieron que la educación es un derecho y que como tal tiene que ser garantizada por el Estado, por el gobierno.

Entonces ese es el esfuerzo que tiene que hacer para que los colegios se mantengan. Sino vamos a tener 17.000 maestros en la calle y vamos a tener 150.000 o 200.000 alumnos que se van a quedar fuera del sistema. ¿Cómo hace el sector público para recibir eso? Es muy difícil», concluyó.