Es necesario promover modificaciones legales para que los inversores cuenten con información suficiente para evaluar los riesgos, señala el documento del Banco Central.
Esta semana el Banco Central del Uruguay (BCU) remitió al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) un anteproyecto de ley que impulsa modificaciones a su Carta Orgánica, para fortalecer la protección del inversor, en respuesta a las últimas estafas asociadas a los denominados fondos ganaderos de inversión.
Según explicó el abogado Juan Diana a M24, el documento del BCU tiene una “doble finalidad”. Por un lado, apunta a comunicar las líneas de acción del ente con respecto al tema y, por otro, busca presentar la “solución regulatoria específica” para abarcar fondos ganaderos y otros tipos de negocios.
“El BCU busca darle más herramientas en materia de protección al inversor, comunicando y educando todos estos temas. También presenta la salida y la solución legal regulatoria para abarcar proyectos como los de Conexión Ganadera”, detalló Diana.
La solución que presenta el banco, según lo interpreta Diana, es la creación de la figura de los llamados contratos de inversión exclusivos para inversores calificados. Esto busca poner bajo la órbita de regulación y control del BCU todo proyecto que, sin ser una emisión de valores, implique un llamado al público en general, para la captación de recursos financieros bajo promesa de rentabilidad.
En este sentido, el abogado destacó que “es importante” hacer énfasis en la supervisión del BCU. “Por más que se regulen nuevas figuras, si no se controla efectivamente, este tipo de debacles van a seguir pasando, lamentablemente”, dijo Diana.
“Bienvenida sea la nueva regulación, porque aporta claridad al tema, pero hay que recordar que ya se discutió si el BCU tenía competencia o no en Conexión Ganadera. No hay que olvidarse del control efectivo y la supervisión”, concluyó.
En materia de supervisión, lo propuesto por el BCU busca reforzar las facultades de la Superintendencia de Servicios Financieros (SSF) para investigar y actuar frente a potenciales infractores. En este sentido, se le daría potestad para requerir información y realizar inspecciones con atribuciones “similares” a las de la DGI, donde no se podrá oponer el secreto profesional. También podrá ordenar el “cese inmediato” de actividades irregulares y suspender campañas para la captación de fondo.
Según expone el ente en un comunicado, el problema de los “fondos” ganaderos “expone oportunidades y riesgos en la captación de ahorro público.
Esto se da en un contexto en que empresas como Conexión Ganadera y República Ganadera -que captaban inversiones a cambio de una rentabilidad anual- entraron en concurso de acreedores y sus responsables enfrentan juicios penales.
La causa Conexión Ganadera tiene cerca de 4.000 damnificados y un pasivo estimado de 250 millones de dólares, mientras que la de República Ganadera presenta un pasivo de 80 millones de dólares y 1.800 familias afectadas.
“Estos casos dejan de manifiesto el daño potencial al que están expuestos los inversores, lo que demuestra la necesidad de promover modificaciones legales con el objetivo puesto en que los inversores cuenten con la información necesaria para evaluar los riesgos a que se exponen generando mayor protección para el ahorro del público, cuando este se canaliza mediante llamado público”, remarca la propuesta del BCU.
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