De aprobarse la ley, el Comisionado tendrá a su cargo la promoción del “ejercicio de los derechos humanos de los niños", durante un periodo de cinco de años.
La bancada de senadores del Frente Amplio (FA) presentó este miércoles un proyecto de ley que propone la creación del Comisionado Parlamentario para la Niñez y la Adolescencia. De aprobarse la ley, el Comisionado tendrá a su cargo la promoción del “ejercicio de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes (NNA)” en el Uruguay, según figura en el documento al que accedió M24.
La iniciativa prevé que la persona designada en el cargo deberá ser votada por tres quintos de los componentes de la Asamblea General: 77 legisladores. Cumplirá funciones por cinco años, y sólo podrá ser reelecto una vez. Luego de su cese no podrá ser designado en cargos de particular confianza por tres años ni postularse a cargos públicos electivos en ese período.
En la exposición de motivos, los legisladores del FA destacan que “la infancia está en emergencia”, y que existe “una deuda injusta e impostergable” con esa población. Uruguay es un país que cuenta “cada vez con menos niños”, y en el que “desde hace décadas” la pobreza tiene su rostro. Mientras tanto “aumentan los índices de violencia ejercidos sobre ellos”, de acuerdo a los registros relevados por el Sistema Integral de Protección a la Infancia y Adolescencia contra la Violencia (Sipiav).
El proyecto también reseña un estudio realizado por Unicef “en el que se consideran 40 países de ingresos altos y medios altos” de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). En relación a esos países Uruguay se ubica “entre los tres de mayor pobreza infantil, y entre los 20 que menos éxito tienen en reducirla”, expresa el proyecto.
A su vez, en la exposición de motivos los senadores frenteamplistas destacan que en ocho países europeos existe la figura del defensor o comisionado para los niños o las infancias. En ese sentido, los legisladores señalan que la persona designada en el cargo deberá contar con formación en derechos humanos, especialmente en los vinculados a los NNA, para que pueda asesorar al Parlamento y supervisar diversas instituciones.
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