El periodista Eduardo Preve denunció en su columna La Tapadita en Nada Que Perder de M24 que “se están construyendo en Uruguay estaciones de servicios de forma ilegal o irregular” y algunas “pertenecen a políticos” oficialistas como un sobrino del intendente blanco Omar Lafluf y un senador suplente de la lista 40 que lidera en el Partido Nacional el ministro Javier García.
Preve explicó que el de estaciones de servicio “es uno de los mercados más apetecibles” del país, “por mes se comercializan 155 millones de litros de combustibles”, un total que equivale a “más o menos unos 2.300 millones de dólares por mes (…) un negocio de 76 millones de dólares por día (…) es mucho dinero”.
Explicó de qué manera la Ley de Urgente Consideración facilitó la operatoria que permite esas instalaciones y que “construir una estación de servicio sale más o menos 1,6 millones de dólares”.
“El primer caso de irregularidad lo encontramos en la ciudad de Young”, donde “un sobrino del actual intendente, Omar Lafluf, Jorge Antonio Lafluf Vélez, tiene una estación de servicio que está ubicada en el centro, en la calle Montevideo 3354”, precisó.
El reportero recordó que el intendente Lafluf “fue denunciado en su anterior periodo por mandar cargar toda la flota municipal a la estación de servicio de su familia; la flota iba desde Fray Bentos hasta Young a cargar gasoil” u otro “combustible” como “nafta”.
Después relató detalles del “segundo caso, que también tiene implicancias políticas, y estamos hablando de un senador suplente del Partido Nacional (…) de Javier García, de la lista 40, Adrián Silva, quien ha ingresado varias veces al Senado”, quien “tiene 6 estaciones de servicio (…) ubicadas entre Florida y Canelones”.
A continuación explicó que este senador suplente “solicitó el traslado de una estación que estaba en el centro de la localidad de Santa Rosa en Canelones a la intersección de las rutas 11 y 6”.
Preve narró luego los pormenores de un tercer caso, también en Canelones, y advirtió que el exministro Omar Paganini había rubricado tres resoluciones anulando los traslados de esas estaciones desde zonas céntricas de ciudades a rutas nacionales aunque las obras continuaron. Las estaciones tienen camiones que transportan los combustibles a los establecimientos agropecuarios que los compran, algo facilitado por la ubicación sobre carreteras.
“Están en construcción 11 estaciones de forma ilegal”, cuyas instalaciones fueron revocadas por Paganini tras autorizaciones de Ursea, por lo que podría haber “demandas millonarias al Estado”.
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