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"Riesgo innecesario"

"Se nos ocultó esa información", criticó Díaz al gobierno anterior por no informar sobre embargo de cuentas uruguayas en Luxemburgo

Jorge Diaz en conferencia de prensa tras el Consejo de Ministros en la Torre Ejecutiva en Montevideo. Foto: Mauricio Zina / adhocFOTOS

Jorge Diaz en conferencia de prensa tras el Consejo de Ministros en la Torre Ejecutiva en Montevideo. Foto: Mauricio Zina / adhocFOTOS

Arbitraje internacional con la compañía LARAH no figuró en el listado proporcionado por Lacalle Pou durante el período de transición, señaló el prosecretario de Presidencia.

El gobierno actual pagó -en nombre del Estado uruguayo- 64,4 millones de dólares a la empresa Latin America Regional Aviation Holding (LARAH), por un embargo iniciado en noviembre del año pasado que no fue comunicado durante la transición a las nuevas autoridades por parte del gobierno de Luis Lacalle Pou.

Este embargo recayó en las cuentas bancarias del Estado uruguayo en Luxemburgo entre el 22 de noviembre de 2024 y el 27 de agosto de 2025, debido a que Uruguay perdió a inicios del año pasado el arbitraje internacional interpuesto por LARAH -que demandó a Uruguay tras el cierre de Pluna- ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial.

El arbitraje finalizó el 13 de febrero de 2024 con un fallo en contra de Uruguay, que debió abonar 30 millones de dólares a la firma de aviación, además de intereses y costos del juicio, con 500.000 dólares más por cada mes de incumplimiento del pago. En total, Uruguay debió pagar 56,5 millones de dólares. La empresa solicitó el pago una semana después de culminado el arbitraje.

En mayo de 2024, el gobierno de Luis Lacalle Pou informó que buscaría una negociación con LARAH para el pago del laudo, según indicó El País. Pero las negociaciones entre la firma, el estudio jurídico estadounidense y delegados del gobierno fueron infructuosas, lo que determinó la decisión de la empresa para ejecutar el embargo en noviembre.

El 8 de enero de 2025, la embajada uruguaya en Bélgica comunicó que los tribunales de Luxemburgo embargaron las cuentas del Estado en 37 instituciones bancarias luxemburguesas, indicó el medio consignado. A su vez, el gobierno de Lacalle Pou no designó un representante legal en aquel país, a pesar de la insistencia del estudio jurídico estadounidense al entonces prosecretario de la Presidencia, Rodrigo Ferrés. Por entonces, y tras los atrasos, el costo del embargo ascendió a 62,3 millones de dólares.

El 21 de enero, el gobierno designó a Ferrés como representante uruguayo ante LARAH para firmar un acuerdo de pago. La negociación se dilató porque demoró el chequeo de la cuenta bancaria proporcionada por la empresa de navegación aérea y por los trámites en el Tribunal de Cuentas.

Por lo tanto, el estudio estadounidense notificó al Estado uruguayo el 18 de marzo sobre las acciones legales en Luxemburgo, durante el inicio del gobierno de Yamandú Orsi. Las nuevas autoridades conocieron en abril el embargo de las cuentas, situación que afectó el pago de los “bonos con vencimiento a finales de ese mes”, según la comunicación del estudio que defiende los intereses de LARAH. En el documento también advirtieron que iniciarían acciones legales en Estados Unidos.

Por problemas en las cuentas que LARAH presentó, el pago final del reclamo se concretó el 30 de mayo, cuando el Estado uruguayo abonó 64,4 millones de dólares. El 27 de agosto llegó el comunicado con el levantamiento de todos los embargos.

“Se nos ocultó esa información”, aseguró Díaz

Consultado por esta situación, el prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, recordó que durante las reuniones de transición las nuevas autoridades electas no fueron informadas de esta situación.

En la reunión de finales de enero, el memorándum contaba con la lista de arbitrajes internacionales, pero la iniciativa jurídica de LARAH no figuraba en ese detalle debido a que el gobierno estaba “en negociaciones” con la firma.

Sin embargo, no se incluyó ni el embargo de LARAH ni el proceso judicial en Luxemburgo sobre las cuentas bancarias uruguayas. “Se nos ocultó esa información, siendo de extrema gravedad y comprometiendo al país”, señaló Díaz a El País. “El Estado uruguayo es seriedad, buena reputación y certeza en el cumplimiento de los compromisos. Ligarnos un embargo de nuestras cuentas en el exterior por no hacer lo que se debe lejos está de un camino de seriedad”, complementó.

Fue un riesgo absolutamente innecesario. El dinero estaba disponible para pagar. Esto se dio en el marco de una transición elegante pero que le faltó información”, según indicó Díaz este lunes en radio Sarandí.