El fiscal se refirió a la necesidad de crear dos fiscalías de estafa dado que los fraudes pasaron a ser el tercer delito con mayor cantidad de denuncias en el país.
En la Ley de Presupuesto quinquenal presentada el domingo pasado, de los 714 artículos que la componen, ocho de ellos están enfocados en la Fiscalía General de la Nación.
Entre las propuestas destinadas a este organismo descentralizado, se encuentra la creación de una Escuela de Fiscales, de seis cargos para la Fiscalía de Ciudad del Plata, una fiscalía basada en violencia doméstica y violencia basada en género en Montevideo a partir de 2027, y se dispone la creación de una fiscalía focalizada en cibercrimen. Se trata de planteos realizados por la propia Fiscalía General.
Sin embargo, quedaron fuera del presupuesto otras solicitudes como la creación de dos fiscalías especializadas en estafas y el establecimiento de ocho fiscales adscriptos, que colaborarían en determinadas investigaciones que demanden ayuda.
Consultado por M24 sobre los recursos destinados a la Fiscalía en el presupuesto, el presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay, Willian Rosa, dijo que hay una “disociación” entre el discurso de las autoridades y lo plasmado finalmente en el proyecto de ley. “Hay una despreocupación por la Fiscalía, que es la encargada de la persecución penal”, agregó.
El presidente del gremio de fiscales recordó que esto ocurre en un contexto donde la Fiscalía “no tiene recursos y tampoco cabeza”, en referencia a la no designación de un fiscal de Corte efectivo. Actualmente, Mónica Ferrero se desempeña como fiscal de Corte subrogante.
A su vez, Rosa se refirió a la necesidad de crear dos fiscalías especializadas en estafas dado que los fraudes pasaron a ser el tercer delito con mayor cantidad de denuncias en el país.
Por otro lado, el fiscal denunció que hoy el Estado “le debe” a los fiscales porque “no les paga lo que les corresponde”. Sobre ello, recordó que en 2022, con la Rendición de Cuentas, se aprobó un aumento salarial a los jueces del 4,7 %. “El salario que cobra un fiscal, por ley, debe ser el mismo que cobra un juez. Sin embargo, el Estado le paga el 4,7 % más a los jueces que a los fiscales, e incumple la ley que le obliga a pagarles lo mismo”, explicó.
“Han pasado tres administraciones distintas y el resultado es el mismo. Es un problema que no se puede asignar a una orientación política o a otra, sino que es transversal”, concluyó Rosa.
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