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Resolución del CODICEN prohíbe uso de tapabocas contra la LUC y “cualquier otra expresión” dentro de los centros de estudio
22/06/2020
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El Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza, sostuvo en InterCambio que la resolución del Consejo Directivo Central de la Educación que prohíbe el uso de tapabocas y cartelería en los centros de estudio que cuestionen a la Ley de Urgente Consideración, tensionan con la libertad de expresión y la laicidad, consagradas en la Constitución.

El 17 de junio el Consejo Directivo Central de la Educación (CODICEN), emitió una resolución que prohíbe a estudiantes y docentes y funcionarios no docentes a utilizar tapabocas dentro de los centros de estudio con la leyenda #EducarNoLUCrar, medida adoptada por la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (FENAPES). Las autoridades del organismo reunieron a su equipo de abogados y éste determinó que dicha medida violenta el Marco Normativo Nacional que prohíbe que en lugares y en horas de trabajo «toda actividad ajena a la función, reputándose ilícita la dirigida a fines de proselitismo de cualquier especie». Este tramo del escrito oficial reproduce parte del artículo 58 de la Constitución.

Pero la resolución de las autoridades del CODICEN va más allá de este tema puntual. Establece no sólo esta prohibición sino «cualquier otra expresión que violente el principio de laicidad». De no acatar esta medida habrá sanciones.

Consultado en InterCambio Edison Lanza, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, órgano de la Organización de los Estados Americanos (OEA), dijo que la resolución de secundaria «pone en tensión dos principios fundamentales de raigambre constitucional. El derecho a la libertad de expresión sin censura previa establecido en el artículo 29 de la constitución, que permite a toda persona, en este caso docentes como estudiantes, ejercer su derecho a la libertad de pensamiento de crítica, de expresión, de debate de ideas y sobre hechos que están sucediendo de interés público en el país. Y el principio de laicidad de la función pública, que se aplica de forma constante en la educación pública en particular».

Asimismo, Lanza explicó que la prohibición no se limita únicamente al uso del tapabocas o cartelería que aluda al rechazo de la Ley de Urgente Consideración (LUC), sino que «afirma que queda terminante prohibido expresiones de cualquier especie, de cualquier forma, sobre este tema».

«La prohibición es absoluta. Hay una inequívoca intención de que no se hable de esta legislación en el ámbito de la educación. Es desproporcionado. Va a tener un efecto inhibitorio claro, ya que profesores y estudiantes no van a saber a qué atenerse y cuál es la conducta prohibida, entonces van a tener que elegir callarse por completo y no expresarse por este tema porque establece, además, sanciones graves y desproporcionadas que pueden llegar a suspensiones e incluso la pérdida de la calidad docente», añadió Lanza.

Esta medida del organismo, según el relator de la OEA, clausura el debate de interés público en un ámbito que es público y que reviste importancia para la formación de la ciudadanía que es la educación.

«Entiendo que la laicidad es importante pero lo que busca en primer lugar es evitar que se utilice la institución, y el nombre de la institución y la función docente para realizar proselitismo partidario, confesional, sectario o de cualquier especie, pero esa no es una prohibición que alcanza a todo tema de interés público, sino, razonando esta resolución no se podrían tratar temas que son de la República entre adolescentes y profesores en las clases. Y acá entra en juego la libertad académica», subrayó el especialista.

La libertad de la función docente para atender temas y discutirlas de forma crítica junto a los estudiantes dentro del aula, «está aceptado en buena parte del mundo democrático. Hay que recordar que el Código del Niño les permite tener la libertad de expresar ideas y críticas. Por tanto, tiene que haber un espacio de laicitud para tratar temas de interés público de la coyuntura actual».

En tanto, la Asamblea General de FENAPES, realizada el sábado 20, expresó su total rechazo a la resolución del CODICEN, por lo que presentará en los próximos días un recurso de revocación. Agotada esta vía administrativa y de no existir una rectificación del organismo se recurrirá a ámbitos internacionales y se ampliará la denuncia ya formulada al Instituto de Derechos Humanos, realizada el 3 de junio por otra resolución del organismo educativo, que a su entender prohíbe la liberta de expresión del pensamiento.

Para José Olivera, dirigente de la Federación de Nacional de Profesores de Educación Secundaria (FENAPES), «esta resolución es parte de una escalada autoritaria donde se pretende acallar las voces discordantes. La postura de quienes cuestionan los artículos de la LUC en materia educativa está en consonancia con lo establecido en el artículo 14 de la ley general de educación que está en contra de la mercantilización y privatización de este servicio».

El artículo que citó Olivera señala que «el principio de laicidad asegurará el tratamiento integral y crítico de todos los temas en el ámbito de la educación pública, mediante el libre acceso a las fuentes de información y conocimiento que posibilite una toma de posición consciente de quien se educa. Se garantizará la pluralidad de opiniones y la confrontación racional y democrática de saberes y creencias».

«La afirmación de que la educación es un derecho y no un producto con el que lucrar, molesta a algunos actores políticos de nuestra sociedad. El hashtag (#EducarNoLUCrar) no hace más que ratificar lo que está vigente en la ley de educación», concluyó el dirigente gremial docente.