Representantes docentes en el Codicen surgen de una votación de unas pocas decenas de miles de personas, dijo Da Silveira

El ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, defendió en Nada Que Perder de M24 los cambios de la LUC a la integración del Codicen y al respecto destacó que “nosotros sí creemos que la responsabilidad política última en una república tiene que estar en manos de los representantes de los ciudadanos, no de representantes de organizaciones corporativas”.

Da Silveira se refirió en primer lugar a las modificaciones institucionales establecidas por la Ley de Urgente Consideración (LUC) en la integración del Consejo Directivo Central (Codicen) de la ANEP y de los anteriores consejos desconcentrados de cada uno de los subsistemas, hoy direcciones unipersonales; sobre esto dijo entre otras cosas que “el ente autónomo es ANEP; cuando existían los consejos de Primaria, Secundaria, UTU, ni Primaria ni Secundaria ni UTU eran entes autónomos, ni eran autónomos; la autonomía es de ANEP, y la autoridad que ejerce autónomamente, la capacidad de decisión dentro del ente autónomo, es el Codicen”, afirmó.

Agregó que “teníamos una estructura muy rara, que era dos niveles de colegiados: el nivel Codicen (…) y distintos colegiados para cada una de las subdivisiones dentro de ANEP (…), eso era un sistema enormemente trabado y además un sistema en el que se diluían las responsabilidades; (…) el resultado era ese, mucha parálisis y mucha disolución de las responsabilidades”; por el contrario, contrastó, “el esquema que propone la LUC trata de poner a ANEP en condiciones de funcionamiento como son las de los entes autónomos habitualmente, y entender que esos cargos son de gestión, la responsabilidad política está en el Codicen”, puntualizó.

Sostuvo que “esto no es una posición en contra de los órganos colegiados, la LUC lo mantiene en Formación en Educación, porque estamos yendo a una Formación en Educación universitaria y es normal que en el ámbito universitario se funcione con órganos colegiados; y tampoco es una medida anti-representantes docentes, (…) mantenemos intocada la representación docente en el Codicen y además la LUC le da fuerza de ley al Consejo de Formación en Educación (CFE), donde hay representación docente; el CFE, la base jurídica de su existencia, hasta la aprobación de la LUC era una resolución interna del Codicen, (…) la LUC le da existencia legal; (…) ni estamos tratando de eliminar la representación docente ni tenemos nada contra los órganos colectivos de decisión, estamos tratando de destrabar una estructura de funcionamiento que venía muy trabada”, recalcó el punto.

Sobre los cambios conceptuales introducidos por la LUC en el Codicen para la toma de decisiones de relevancia que atañen a las orientaciones de las direcciones unipersonales (antes consejos desconcentrados), el ministro subrayó que “nosotros somos republicanos, nosotros creemos que el gobierno, en todos los ámbitos, tiene que ser ejercido por los representantes de los ciudadanos; (…) los representantes docentes en el Codicen surgen de una votación donde votan unas pocas decenas de miles de personas; los representantes que se suele llamar ´políticos´ surgen de acuerdos entre partidos que llegan al gobierno como resultado de elecciones donde votan 2 millones de personas; nosotros sí creemos que la responsabilidad política última en una república tiene que estar en manos de los representantes de los ciudadanos, no de representantes de organizaciones corporativas; lo que no quita que hay que escuchar, que dialogar, que hay que buscar acuerdos”.

Remarcó como criterio político general que “felizmente en una república son los ciudadanos los que marcan el rumbo de fondo, (…) cuando una fuerza política gana las elecciones tiene toda la legitimidad y todo el derecho del mundo de impulsar las decisiones en las que cree, y no va a dejar de hacerlo porque la oposición no esté de acuerdo”; ejemplificó el aserto recordando que en 2008, “la Ley de Educación votada por el Frente Amplio (FA), rompiendo una larguísima tradición, se votó exclusivamente con los votos de legisladores del FA, ni siquiera todos, hubo alguno que no votó; no se hizo un solo acuerdo que integrara a un solo legislador de un partido que no perteneciera al FA; esta LUC surge del acuerdo entre cinco partidos políticos, y el capítulo de Educación surge del acuerdo de cinco partidos; entonces no entiendo por qué quienes no criticaron a la Ley de 2008, primera Ley de Educación que se votaba con los votos de un solo partido, quienes no criticaron eso ahora ponen en cuestión esto otro”.

Admitió que si el 27 de Marzo el cuerpo electoral resuelve derogar los 135 artículos de la LUC sometidos a referéndum “va a ser más complicado” para que el gobierno siga ejecutando su programa para la Educación, “por ejemplo va a haber que reinstalar los consejos, va a haber que volver a ese régimen engorroso, trabajoso, lento que había antes, nos va a enlentecer”.

Más adelante Da Silveira fustigó el abordaje realizado por el FA para la institucionalidad de la Formación Docente, incluyendo el diseño redactado en Ley de Educación, al que cuestionó por adolecer de “una vaguedad enorme”, y también el objetivo de crear “un Instituto Universitario de Educación”, figura que “era una barbaridad jurídica; (…) era tan flagrantemente insostenible que los asesores jurídicos del FA, con esta norma aprobada les dijeron ´olvídense, no intenten aplicar esto porque es totalmente antijurídico´; y del 2008 al 2020 los gobiernos y la bancada parlamentaria del FA actuaron como si este capítulo (…) no existiera (…); la Ley de 2008 es muy mala desde el punto de vista de su factura técnica”, resumió el punto; añadió que después de eso, “efectivamente se hicieron esos dos intentos de ir a la Facultad de la Educación sin ninguna voluntad de incorporar al proyecto nada que propusiera la oposición de esa época, o sea con la misma lógica que la Ley de Educación de 2008: lo vota solo el FA”; en cambio, aseguró el ministro tras citar artículos referidos al tema, “la LUC avanza mucho, con mucha precisión y con solidez técnica, en la construcción de una Formación en Educación de carácter universitario”.

Después ratificó que “soy muy crítico de un sindicato específico, que es Fenapes, porque tiene una orientación que me parece que no construye, que no aporta” y en este sentido recomendó “buscar una entrevista de una página entera que el semanario Búsqueda le hizo al señor (José) Olivera antes de que asumiéramos, en donde nos trata de fascistas, bolsonaristas y un montón de cosas monstruosas; o sea, el señor Olivera volaba todos los puentes, nos descalificaba al 100%, y daba por hecho que prácticamente no teníamos derecho a tomar decisiones porque éramos fascistas, bolsonaristas antes de que asumiéramos; creo que esa actitud propia de la dirigencia de un sindicato está muy lejos de lo que necesita la educación uruguaya”.

A continuación preguntó: “¿qué salió de Fenapes que haya aportado a la búsqueda de soluciones en la educación uruguaya?”, tras lo que sugirió averiguar “cuánta gente votó en las últimas elecciones de autoridades de Fenapes”; aclaró que “estoy lejísimo de ser anti-sindical, al contrario, creo que los sindicatos son organizaciones fundamentales en el funcionamiento de una sociedad democrática, como ministro tengo una muy buena relación con los siete sindicatos que hay en el Ministerio y no tengo ninguna clase de problemas con la mayoría de los sindicatos de la enseñanza”, aseguró.

Acerca de la denuncia de Fenapes ante la OIT responsabilizando a ANEP por la política anti-sindical practicada por Secundaria contra 15 profesores sindicalizados de San José, Da Silveira dijo que “eso es una cuestión entre Fenapes y ANEP” y valoró que existe “otra, que me parece mucho más seria” y concierne a “las licencias sindicales, problema que no existiría si Fenapes mostrara el presunto convenio que invocó para hacer lo que hizo”.