Ciudadanos y representantes de organizaciones sociales, como eventuales víctimas de las actividades ilegales de inteligencia por parte del Estado luego de culminada la dictadura, exigen desde hace un año la reapertura de la causa que fue archivada el 20 de julio de 2022.
El fiscal que trató el caso, Enrique Rodríguez, determinó el archivo de la causa por prescripción de los delitos descritos en los archivos militares, pero concluyó que existió espionaje ilegal y “debilidad de los controles institucionales y democráticos”.
La entrevista central en INFO24 con Raúl Olivera, del Observatorio Luz Ibarburu.
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