El documento presentado por la cartera apunta a la simplificación de trámites y eliminación de ciertos documentos, reducción de impuestos y de la carga burocrática.
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) presentó ayer un documento con 12 medidas que buscarán atacar los problemas de competitividad que tiene Uruguay. Según explicó el ministro Gabriel Oddone las medidas, una vez aplicadas, significarán 20,2 millones de ahorro en costos de comercio exterior a los agentes económicos.
¿Qué implica la competitividad? Meses atrás, Leonardo García, presidente de la Cámara de Industrias del Uruguay, explicó en Nada que Perder que las empresas en el país cierran, no porque pierdan su negocio, sino porque “no les es rentable producir en el país”. “Es un problema de todo el sector industrial, debido a que Uruguay tiene serios problemas de competitividad”, señaló.
La competitividad refiere a la comparación en productos y precios que pueden ofrecer las empresas uruguayas a la hora de salir a vender su producción al mundo, es decir, a exportar.
Hacia esa problemática están destinadas las medidas presentadas por el MEF. Dentro de ellas, se encuentra la eliminación del 25% de los documentos solicitados para trámites y operaciones de comercio exterior, el 29% serán digitalizados, el 7% será sustituido por declaraciones y el 15% tendrá otro tipo de mejora no especificada.
De esa forma, se reduce la carga burocrática y la complejidad que representaba a una empresa la idea de exportar, además de los costos altos que le implicaba.
A su vez, las medidas apuntan a la eliminación de la tasa diferencial del anticipo especial del IRAE y del anticipo de IVA a las materias primas de uso industrial, costos que las empresas debían asumir previo a producir. Estas eliminaciones, según explicó Juan Labraga, director de Asesoría de Política Comercial del MEF, implicarán un ahorro de 3,1 millones de dólares anuales para el comercio y la industria orientada al mercado local.
Por otro lado, se propone disminuir en un 20% la tasa actual del impuesto LATU a exportaciones no tradicionales. Dicho impuesto grava las exportaciones de productos lácteos, soja, arroz, maíz, cebada, sorgo, colza, semillas, madera y miel, entre otros, que en 2020 se redujo mediante la Ley de Presupuesto de 0,3% a 0,35%. La medida implicará un ahorro de 3,5 millones de dólares y se aplicaría a partir de 2026.
El MEF también propuso eliminar la tasa ANSE a las importaciones que llegan al país vía marítima, que se trasladaría en un ahorro de 8 millones de dólares anuales para los bienes que usan el puerto de Montevideo. Según explicaron las autoridades de la cartera, se trata de un gravamen que “desde años” que no cuenta con beneficiarios.
El gobierno también eliminará la doble solicitud de dictamen de competitividad nacional en proyectos de inversión de la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (Comap). Se trata de un trámite que solicita la no competitividad de una empresa con determinados productos con la industria nacional, para la importación de equipos, máquinas y materiales destinados a la obra civil.
Por otra parte, serán eliminadas las licencias administrativas para la importación de un conjunto de alimentos de origen argentino. En 2024, las importaciones de alimentos y bebidas fueron de 1.114 millones de dólares y Argentina representó el 27% del total, según datos de Uruguay XXI.
A esto se suma la digitalización de documentos, la simplificación de la prórroga de admisión temporaria y que se facultará al Poder Ejecutivo a implementar la “no perceptibilidad del despachante de aduanas en operaciones de comercio exterior”.
De esta forma, se espera que las empresas uruguayas mejoren su competitividad al reducir costos. Según datos oficiales, las empresas vinculadas al comercio exterior emplean a más de 50.000 personas.
Las medidas serán incluidas en la próxima Ley de Presupuesto quinquenal que elabora el Poder Ejecutivo y se presentará en agosto. En caso de aprobarse, entrarán en vigencia a partir de 2026.
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