El acceso al agua es un derecho humano que debe permanecer "bajo la gestión pública" para garantizar su distribución equitativa y sustentable, dice Movus.
El Movimiento por un Uruguay Sustentable (Movus) sostiene que el actual gobierno no debería seguir adelante con el proyecto Neptuno y declarar nulo el contrato firmado con el consorcio Aguas de Montevideo para el abastecimiento de agua en el área metropolitana. "La nulidad deja sin efecto el contrato y elimina la posibilidad de reclamos", subraya en un comunicado de prensa.
Como en anteriores ocasiones, los ambientalistas reiteran que el contrato firmado por la administración de Luis Lacalle Pou "es inconstitucional" porque "cede a la empresa privada parte del servicio público de agua potable" y de ese modo "viola principios fundamentales de la Constitución Nacional".
La semana pasada, el Poder Ejecutivo y el consorcio de Aguas de Montevideo acordaron suspender por 90 días la ejecución del proyecto Neptuno, que contempla la construcción de una planta potabilizadora en las inmediaciones de Arazatí, en el departamento de San José. En este periodo ambas partes renegociarán los términos establecidos en el contrato.
Movus sostiene que técnicamente "los únicos a favor del proyecto son los técnicos contratados por el Consorcio para defenderlo", mientras que la opinión de la academia va en sentido contrario. "Existen fuertes razones para oponerse en lo ambiental y técnico", señala Movus, "comenzando por la inseguridad del Río de la Plata como fuente de agua para la potabilización y la salinidad en la zona".
"Diferentes voceros del actual gobierno han aceptado la inconveniencia del lugar elegido por las empresas para el proyecto, lo caro de la financiación aceptada en el contrato [50 millones de dólares anuales durante 17 años] y la insuficiencia del proyecto para asegurar el suministro de agua a la población", continúa el comunicado.
"Pero más allá de estos argumentos racionales y fundados, la razón para no seguir adelante con el contrato firmado es la ilegalidad del mismo", remarcan. El acceso al agua "es un derecho humano" que debe permanecer "bajo la gestión pública" para garantizar su distribución equitativa y sustentable, dice Movus.
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