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Agencia Sputnik

Ricardo Antúnez / adhocFOTOS
Presupuesto exige ganancias de corto plazo a empresas públicas y pone en riesgo el acceso a servicios en zonas poco pobladas del Interior
24/11/2020
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El artículo 700 (antes 682) del proyecto de ley de presupuesto obliga a las empresas públicas a obtener un nivel de ganancias asociado a su patrimonio. Como consecuencia de ello, dejarían de lado proyectos que implican acciones no rentables y que afectan sus resultados económicos.

Algunas de estas actividades a pérdida son: electrificación rural,  mejora de la conectividad en el interior del país, servicios financieros, abastecimiento de agua potable y saneamiento.

El Instituto Nacional de Colonización está comprendido en la norma. Por consiguiente, tendría que cumplir la meta fijada por el Gobierno. Para lograrlo, deberá subir el precio de la renta  o reducir su patrimonio y descapitalizarse. 

En entrevista con Tiempo Agrario, el Profesor de Economía de la Universidad de la República y Magíster en Historia Económica, Pablo Messina, se refirió al tema.

Sostuvo que la regla financiera que propone el Gobierno trata de instrumentar una promesa electoral. Mediante el artículo incorporado en el Proyecto de Ley de Presupuesto se establecen objetivos de rentabilidad para las empresas del artículo 221. «Lo hace vinculándolas a la tasa promedio de endeudamiento del sector público», precisó.

Messina señaló que la UTE, Antel y el Banco República son las que mejor cumplen esta disposición. No obstante, en otras empresas se vulneran los principios fundacionales de esos entes del Estado.

«La propuesta es un cambio radical en la racionalidad de las empresas públicas», explicó el entrevistado. Subrayó que se promueve rentabilidad de corto plazo frente la infraestructura de largo plazo.

Por otra parte, el economista puntualizó que no se da prioridad a la función social de las empresas públicas.  Señaló que si se le demanda a la OSE que atienda el déficit de saneamiento, no se le pueden exigir estas metas de rentabilidad.

«Otra vez nos toca defender el patrimonio público, porque esta regla lo pone en cuestionamiento», resaltó.

Messina también es integrante de la cooperativa COMUNA, cooperativa de trabajo integrada por investigadores de las ciencias económicas que ha trabajado con organizaciones vinculadas al sector rural. Entre ellas se se destacan la Unidad Cooperaria N°1, Cololó; Caluprocerd, y varias Sociedades de Fomento Rural. 

 

 



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