La asignación presupuestal quinquenal para el Ministerio Interior es de 7.562 millones de pesos uruguayos, unos 189 millones de dólares.
La seguridad es uno de los ejes en los que el Poder Ejecutivo hizo hincapié en el proyecto de Ley de Presupuesto quinquenal presentado este domingo en el Parlamento. Tras la entrega a las autoridades, el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, manifestó en conferencia de prensa que el objetivo es “fortalecer y mejorar la seguridad”.
En tal sentido, el secretario de Estado aseguró que desde el Gobierno son “absolutamente conscientes de que [la seguridad] está en el tope de las demandas ciudadanas”, por lo que el Poder Ejecutivo es “sensible a atender esta prioridad”.
En la exposición de motivos del proyecto de Presupuesto se señala que, en la actualidad, “Uruguay afronta una situación compleja en materia de seguridad”. En tal sentido, se añade que hay “desafíos estructurales en seguridad pública” y “altos niveles de delitos y violencia que generan un fuerte sentimiento de inseguridad”.
En este contexto, según consta en la exposición de motivos, la asignación presupuestal para Interior en el 2026 será de 802 millones de pesos, que se irá incrementando en los años siguientes: 1.866 millones de pesos para 2027, 2.390 para 2028 y 2.504 para el final del período, en 2029. En total: 7.562 millones de pesos uruguayos, aproximadamente 189 millones de dólares.
Medidas de seguridad pública
Según el documento, las medidas en materia de seguridad pública se organizan en tres grandes áreas: medidas alternativas a la privación de libertad (para lo que se invertirán unos 650 millones de pesos), ingreso de personal (unos 2.848 millones de pesos) y nuevos proyectos (4.606 millones de pesos).
Las asignaciones destinadas a fortalecer las medidas alternativas que lidera la Dirección Nacional de Medidas Alternativas (DINAMA), el gobierno destaca los recursos destinados al arrendamiento de dispositivos electrónicos de monitoreo de personas (tobilleras), tanto para casos generales como para situaciones de violencia doméstica.
Dentro de los nuevos proyectos se encuentra la creación de una escuela de fiscales, de una fiscalía de Cibercrimen, una Fiscalía Penal de Montevideo de Violencia Doméstica y Violencia basada en Género y otra Fiscalía de Ciudad del Plata. También de prevé la creación de dos Juzgados en el interior del país “cuya competencia especializada será en violencia hacia las mujeres basada en género”.
Asimismo, el proyecto de ley crea la "Dirección Nacional de Policía Comunitaria Orientada a Problemas", para promover la prevención del delito desde una perspectiva integral, y el "Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios", que estará integrado por todas las agrupaciones de bomberos voluntarios del país.
En el marco del programa "Prevención y represión del delito", el proyecto dispone partidas anuales para el arrendamiento de cámaras de videovigilancia.
En referencia al ingreso de personal, el proyecto prevé la incorporación de 1.000 funcionarios en el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR): 500 funcionarios ejecutivos del escalafón L (agentes de policía) y 500 operadores penitenciarios del escalafón S.
El reclamo de los funcionarios civiles penitenciarios
La Organización de Funcionarios Civiles Penitenciarios (Ofucipe) instaló este lunes una carpa frente al Palacio Legislativo para reclamar que sus demandas no fueron incluidas en el proyecto de presupuesto quinquenal. El presidente del sindicato, Jonathan Perdomo, explicó a M24 que la medida se debe a que “no hay nada para los civiles penitenciarios, lo único que hay son 500 vacantes de ingreso”.
Actualmente, el INR cuenta con unos 1.400 funcionarios civiles, de los cuales 1.200 son operadores penitenciarios, según dijo Perdomo.
El sindicato reclama el ingreso de entre 2.000 y 2.500 trabajadores, dado que se proyecta la apertura de nuevas unidades penitenciarias: nuevos módulos en la Unidad Nº3 de Libertad, con 1430 plazas, y la ampliación de la Unidad Nº 6 de Punta de Rieles, destinada a mujeres, con 1015 plazas.
“Ese personal es realmente insuficiente para abordar estas nuevas cárceles”, afirmó Perdomo y señaló también que la falta de personal repercute directamente en la seguridad dentro de los establecimientos. Al respecto, recordó que, este lunes, falleció un joven de 20 años y este domingo una mujer de 47 años, ambos privados de libertad.
“Nosotros vemos que se expresa la buena voluntad, que siempre queda en el discurso, pero a la hora del accionar no vemos resultados. Han pasado todos los gobiernos, han gobernado todos, y cada vez la situación de cárceles está peor”, aseguró.
Ofucipe presentó un documento al Ministerio del Interior con sus planteos, pero el presidente del sindicato afirmó que no fueron contemplados. Entre las prioridades, Perdomo destacó que uno de sus reclamos es que “se declare el trabajo de cárceles insalubre”, además de un seguro de vida, transporte para los funcionarios y oportunidades de ascenso, que no aparecen en el presupuesto.
La carpa instalada frente al Palacio Legislativo será el escenario de distintas actividades mientras se discute el presupuesto. Este martes se presentará un informe técnico realizado por una ingeniera prevencionista y una psicóloga contratadas por el sindicato. Según Perdomo, el documento “va a arrojar datos técnicos justamente comprobando que nuestra tarea es insalubre”.
La medida no tiene fecha de finalización. “Nosotros queremos un resultado y hasta que no tengamos resultados, seguramente vamos a estar aquí”, dijo Perdomo, quien confirmó que hasta el momento no han recibido respuesta del Poder Ejecutivo a sus solicitudes de reunión.
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