Con la firma del contrato entre el Estado y Aguas de Montevideo se abre una nueva etapa de lucha contra el Proyecto Arazatí, afirmó el presidente de la Federación de Funcionarios de OSE, Carlos Larrosa. Identificó al principal interés en suscribir el acuerdo: favorecer a las empresas.
“Entendemos que el interés más grande es el económico, favorecer a las empresas o, por lo menos, alguna de las empresas que están detrás del consorcio – Aguas de Montevideo –; si no, no se explicaría desde el punto ed vista de defender los intereses del país o del Estado, no se explica este apuro por firmarlo”.
Así se expresó el presidente de FFOSE, Carlos Larrosa, en diálogo con Nada Que Perder (lunes a viernes desde las 09h. por M24 en su horario de verano), sobre la firma del contrato entre el gobierno saliente de Luis Lacalle Pou y el consorcio integrado por las empresas Saceem, Berkes, Ciemsa y Fast.
Para el presidente del sindicato de la estatal que se dedica al agua potable y saneamiento, con la suscripción del contrato comienza otra etapa en la “lucha contra el proceso”. El primero es recurrir la resolución del directorio de OSE y luego instalar una mesa de negociación con las autoridades siguientes para conversar sobre el tema. Pero también mencionó recursos administrativos y movilizaciones.
Un contrato firmado bajo "secretismo"
Sobre el proceso que finalizo con el acto de este jueves 23 en Torre Ejecutiva, Larrosa marcó que el “secretismo” de esta forma: “es raro, primero firman y después ven qué modificaciones le pueden hacer para resolver alguno de los temas ambientales, económicos y técnicos”.
Las modificaciones no tienen fundamento técnico o, al menos, son “muy vagos”, porque el objetivo era “lavarle la cara al proyecto y que el impacto en la opinión pública no sea tan malo”.
La Gerencia de Agua Potable de OSE es quien suele llevar adelante este tipo de grandes iniciativas. Sin embargo, para la ocasión fueron dejados de lado tras un informe negativo presentado al inicio del proceso y se dio el visto bueno a la iniciativa privada, criticó, con riesgos puntualizados por académicos de la Universidad de la República y los productores locales.
Estos privados son quienes habitualmente construyen plantas para OSE, pero nunca se ocuparon de la gestión de las plantas, como en esta oportunidad, que consideró como “contrato leonino”.
Más del 50% del presupuesto anual para infraestructura se verá comprometida, en el marco de una empresa pública que está pidiendo préstamos para pagar “el día a día”. “OSE no puede hacer frente a este nuevo gasto”, finalizó.
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