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El Viaje

Foto: Pablo Vignali / adhocFotos
Presidencia es el principal organismo que «amenaza la libertad de expresión de periodistas», asegura CAINFO
03/05/2021
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Entre el 1º de abril de 2020 y el 31 de marzo de 2021 hubo 49 amenazas a la libertad de expresión de periodistas, de las cuales 30 están vinculadas a restricciones en el acceso de la información pública, siendo Presidencia de la República el organismo del Estado que más cuenta en su haber (unos 9), según publica el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo). 

Hoy lunes 3 de mayo, al conmemorarse el Día Mundial de la Libertad de Prensa, CAINFO presentó su séptimo informe. Allí se 31 de marzo de 2021, se registraron 49 casos de amenazas a la libertad de expresión de periodistas en Uruguay.

La mayoría de los episodios denunciados por la organización, unos 30, guardan relación con la restricción del acceso a la información.

Es la cifra más alta de casos desde que existe este estudio. En el sexto informe habían sido 26 los episodios registrados.

CAINFO advierte que esta investigación observó que en el transcurso de su elaboración hubo un incremento en el riesgo para la libertad de expresión de periodistas y medios de comunicación.

«Ese clima de hostilidad, muchas veces se traduce en agresiones a través de redes sociales, acusaciones de intencionalidad política, atribuciones de pertenencia a partidos o grupos de interés, entre otros ataques que involucran a funcionarios públicos y miembros del gobierno», indica el estudio.

Y prosigue: «Respecto a la distribución de los casos en el territorio, 33 casos tuvieron un alcance nacional ya que fueron protagonizados por la Presidencia de la República (con 9, fue el organismo que más pedidos de acceso rechazó), ministerios u otras reparticiones del Estado central, así como los poderes Legislativo y Judicial. En el ámbito departamental, se registraron 9 casos en Montevideo y 1 caso en Cerro Largo, Colonia, San José, Salto y Tacuarembó. También hubo dos episodios que transcurrieron en redes sociales».

Los 49 casos registrados en Uruguay atravesaron 6 de los 12 indicadores analizados, entre los cuales se cuentan las agresiones y ataques, discurso estigmatizante, restricción al acceso a la información, procesos civiles y/o penales, uso abusivo del poder estatal y marco jurídico contrario a estándares internacionales de libertad de expresión y prensa.

En este sentido, «la restricción al acceso a la información fue la categoría que reunió más casos y entre ellos 29 correspondientes a pedidos de acceso rechazados, no contestados o respondidos de manera incompleta o parcial», lo cual «confirma un deterioro en el cumplimiento de este derecho que ya se venía registrando en informes anteriores, pero que tiene una confirmación cuantitativa en el año 2020».

Presidencia fue el organismo del Estado que más rechazos concretó en cuanto a este derecho.

Por ejemplo, entre otros casos, negó a dar información sobre quiénes son los donantes del Fondo Solidario Covid-19 y el monto depositado en cada caso, luego de una solicitud realizada por La Diaria; declaró como reservada la información sobre los “actos administrativos y gastos en viajes, viáticos, contrataciones y consultorías” relacionados con la defensa legal del Estado uruguayo ante el arbitraje internacional motivado por la denuncia de la minera Aratirí solicitado por Sudestada o se opuso a dar información soliciatada por El Observador respecto al expediente del sumario administrativo realizado al exsecretario de Presidencia Miguel Ángel Toma.

En cuanto a la categoría «Agresiones y ataques» hubo 8 episodios y le siguen el Marco jurídico contrario a estándares con 4, los procesos judiciales con 3, el uso abusivo del poder estatal con 2 y el Discurso estigmatizante con 2.

Caso Eduardo Preve

Dicho informe aterriza en un escenario marcado por una información reciente que circuló durante el fin de semana en redes sociales. Para CAINFO es «el caso más preocupante de los últimos días es la desvinculación del coordinador del informativo Subrayado, de Canal 10, Eduardo Preve. Más allá de los motivos que puedan ser esgrimidos, el despido se enmarca en un escenario de reiteradas presiones de jerarcas del Poder Ejecutivo hacia periodistas y medios de comunicación».

“Este no es el único caso que ha llegado a conocimiento de CAinfo, pero sería el primero en este período en el que la presión ejercida por los gobernantes tiene como consecuencia el despido de un periodista”, añade.

Esta tarde la Asociación de la Prensa del Uruguay (APU), emitió un comunicado en el que expresó que existe una «extraña coincidencia» entre las confirmadas presiones por parte de figuras de «primeria línea» del gobierno hacia las autoridades de Canal 10.

En horas de la tarde del lunes 26 de abril, el ejecutivo de Canal 10, Martín Villar, quien había sido el responsable de comunicar la desvinculación a Preve, se hizo presente en la Torre Ejecutiva para mantener una reunión con referentes gubernamentales.