La decisión de la fiscal de Corte subrogante de no publicar las solicitudes de formalización hasta que no exista una sentencia de condena generó un debate entre distintos gremios judiciales, periodistas y defensores públicos.
En la columna Desde adentro del periodista Diego Martini en Nada que perder, algunos actores alertaron sobre el retroceso en materia de acceso a la información y transparencia institucional luego de que la fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero, definiera no publicar las solicitudes de formalización hasta que no exista una sentencia de condena.
“Los periodistas van a seguir accediendo a la información”
El secretario general de la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay (AFJU), Pablo Elizalde, consideró a Nada que perder que la publicidad del proceso judicial cobra especial importancia cuando se trata de funcionarios públicos con alta visibilidad. “Cualquier imputación penal tiene que ser pública porque ellos tienen una responsabilidad social de más que cualquier otro ciudadano”, expresó y advirtió que esta decisión podría afectar el control ciudadano sobre los actores con influencia en el ámbito político o social.
Para el gremio, cualquier restricción que no sea estrictamente necesaria para proteger la investigación penal debe evitarse, y la información debería estar disponible para que la sociedad pueda evaluar las decisiones de la justicia.
En tanto, el periodista y presidente del Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo), Fabián Werner, consideró la medida como una restricción injustificada porque “los periodistas van a acceder seguir accediendo a la información, la población no lo va a poder hacer de manera directa y el malestar por la supuesta filtración que se menciona en los últimos tiempos como algo negativo va a seguir ocurriendo, como ha ocurrido siempre”.
Sobre esto, Werner admitió que le preocupa que “al calor de los malestares políticos se estén tomando decisiones que lo que terminan haciendo es disminuir el rango de transparencia en el acceso a la información” y expresó que espera que esta medida se revierta.
Impacto en la opinión pública sobre la justicia
La Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) también se manifestó en contra de la decisión de Ferrero, ya que entiende que atenta contra los esfuerzos por democratizar el acceso a la información judicial. “Va a contrapelo de todo lo trabajado por APU”, afirmó a Nada que perder su secretario general, Rody Olivera, y consideró que la información “es una garantía que tiene que tener no solamente el magistrado, el fiscal y los defensores, sino que es una garantía que tiene que tener el usuario del sistema judicial”.
“Esta decisión complejiza mucho más la opinión pública sobre el sistema judicial”, sostuvo Olivera.
Por su parte, la defensora pública e integrante de la Asociación de Defensores Públicos del Uruguay (Adepu) Lucía Long recordó que el estado de inocencia es un concepto jurídico que supone una barrera que fiscalía tiene que superar para lograr una condena y que “no tiene que ver con la opinión pública ni con la publicidad del proceso”.
Si bien reconoció que esta publicidad “expone a los imputados”, en etapas de formalización de la investigación representa la comunicación formal a una persona de que la fiscalía lo está investigando por un delito, pero “no supone declaración de culpabilidad”.
“A veces, desde el punto de vista humano, se torna peligrosa la información porque muchas personas pierden sus trabajos o sus vínculos sociales por imputaciones que luego pueden no llegar a destino, que no terminan en condena”, declaró Long, pero reconoció que la decisión de darle publicidad a una solicitud de formalización no es de los operadores judiciales.
“Lo que regula la situación es la ley y la ley no se puede desaplicar sin fundamento, especialmente en relación a casos concretos”, señaló la defensora y apuntó que “cuando corresponde la reserva en supuestos muy específicos, esta se aplica”.
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