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Peligra el acceso universal a servicios del Estado

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El artículo 700 (antes 682) del proyecto de ley de presupuesto obliga a las empresas públicas a alcanzar un nivel de ganancias asociado a su patrimonio, que desnaturaliza su función social.

Como consecuencia, las empresas públicas que ejecutan acciones no rentables, a pérdida, como la electrificación rural, la mejora de la conectividad en el interior del país, planes de abastecimiento de agua potable y de saneamiento en pequeñas localidades, o prestación de servicios financieros, dejarían de lado estos proyectos, porque afectan sus resultados económicos.

El Instituto Nacional de Colonización está comprendido en la norma, por lo que de aprobarse este artíçulo del proyecto de ley de presupuesto, también deberá cumplir la meta fijada por el gobierno. Para lograrlo, necesariamente deberá subir el precio de la renta, o reducir su patrimonio y descapitalizarse, volcando al mercado abierto buena parte de la tierra que posee. Además, no debería comprar más predios para evitar recapitalizarse.

Pablo Messina es Profesor de Economía de la Universidad de la República, Magíster en Historia Económica, e integrante de la cooperativa COMUNA, una cooperativa de trabajo integrada por investigadoras de las ciencias económicas enfocada en la investigación, el asesoramiento especializado y la formación, que ha trabajado con varias organizaciones vinculadas al sector rural, entre ellas, Unidad Cooperaria N°1, Cololó; Caluprocerd, y varias Sociedades de Fomento Rural, analiza estos temas y advierte que en este escenario, cambian los viejos objetivos fundacionales de las empresas públicas, brindar servicios universales, de calidad, accesibles para el conjunto de la población.