Entre 2020 y 2024 se ejecutaron 292 millones de dólares en todos los programas sobre asentamientos, de los 480 anunciados por el gobierno liderado por Luis Lacalle Pou.
La ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Tamara Paseyro, aseguró que en este periodo el foco de la cartera estará puesto en la población más vulnerable así como en aquella que percibe ingresos medios y medios bajos. “Queremos garantizar el acceso y la permanencia a la vivienda de la mayor cantidad de población posible”, sostuvo en diálogo con Nada que perder.
En lo que se refiere a la población más vulnerable, explicó Paseyro, el ministerio priorizará la “emergencia habitacional” que afecta a unas 66.000 viviendas que tienen al menos una “carencia crítica”, manifestadas a través del hacinamiento, deficiencias en paredes, techos o pisos, falta de agua potable o saneamiento. Uno de los programas que atenderán esta emergencia será Crece desde el Pie, afirmó, que se desarrollará junto con el Ministerio de Desarrollo Social.
En la entrevista, Paseyro fue consultada por el presupuesto asignado a vivienda en el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo y que se encuentra a estudio en el Parlamento. “Cuando el problema es tan grande y complejo parece que todo es insuficiente”, expresó. Según informó, en 2025 la cartera recibirá una partida de 11.800 millones de pesos que ascenderá a 14.200 millones en 2029, lo que representa un incremento sostenido del 20% en el quinquenio.
“Es el mejor Presupuesto posible”, dijo Paseyro, que además recordó el marco de restricciones fiscales en que se presenta. Asimismo, se mostró confiada en que en las próximas Rendiciones de Cuentas la cartera pueda recibir más recursos en función del crecimiento económico.
En ese contexto, la ministra señaló que Vivienda heredó una deuda de 74 millones de dólares del periodo pasado correspondiente al Fideicomiso de Integración Social y Urbana (FISU) y que actualmente se analiza con el Ministerio de Economía y Finanzas.
Con respecto a esto último, la ministra detalló que la Dirección Nacional de Integración Social y Urbana creada en el periodo pasado, que contiene el FISU y de la que forman parte el Plan Avanzar y el Plan Juntos, entre otros, comenzó a ejecutarse recién en 2023 por lo que no tuvo resultados “muy altos”, explicó.
En el caso del Plan Avanzar, se focalizó en la relocalización de los asentamientos y no en la regularización o en el mejoramiento de los barrios. Según informó, entre las viviendas entregadas y en ejecución el total fueron 1.912 (la administración pasada pretendía llegar a 15.000 hogares). Entre 2020 y 2024 se ejecutaron 292 millones de dólares en todos los programas sobre asentamientos, puntualizó Paseyro, de los 480 anunciados por el gobierno liderado por Luis Lacalle Pou.
Por otra parte, Paseyro subrayó que el ministerio trabaja actualmente junto con el INE para conocer el número de personas que viven en los 667 asentamientos que se estima hay en el país. “Y también es importante ver las características de esos asentamientos”, indicó, con el fin de mejorar la calidad de vida de sus habitantes, habida cuenta de que no todos tienen el mismo grado de vulnerabilidad.
Por otro lado, Paseyro consideró un acierto del gobierno pasado la creación de la Dirección Nacional de Integración Social y Urbana, pero según dijo no tuvo “una mirada integral real”, porque cada programa -Plan Avanzar, Plan Juntos, entre otros- funcionó de “forma independiente”. Precisamente, en este quinquenio se abordará esta problemática con esa “mirada integral” que faltó, coordinando los diferentes programas de vivienda.