“La libertad de circulación y la igualdad ante la ley son derechos fundamentales. La distinción entre ciudadanía legal y natural no puede, en ningún caso, derivar en un trato desigual ni afectar el goce de derechos”, manifestó la institución en un comunicado.
Este jueves, la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) emitió un comunicado sobre la decisión del gobierno de dar marcha atrás con las modificaciones introducidas en los pasaportes.
“La INDDHH confía en que el Estado uruguayo continuará avanzando en una revisión normativa y procedimental” en relación al formato de los pasaportes que, “lejos de implicar retrocesos, fortalezca las garantías para todas las personas ciudadanas, en pie de igualdad”, expresó el comunicado.
La institución subrayó que “ha trabajado de forma sostenida junto a organizaciones de la sociedad civil en la elaboración de recomendaciones sobre ciudadanía legal, nacionalidad y documentación de identificación, en particular en lo referido a los pasaportes”.
Además, recordó que el informe del Grupo de Trabajo sobre Ciudadanía Legal y Nacionalidad, que fue presentado en abril de este año, “recomendó modificar” la información contenida en el campo ‘nacionalidad’ de los pasaportes “como una medida necesaria para garantizar la libertad de movimiento de las personas con ciudadanía legal en Uruguay”.
Sin embargo, esto generó polémica luego de que algunos países, como Alemania y Japón, advirtieran de la posibilidad de que ese formato no fuera aceptado para ingresar al país.
La INDDHH reiteró que Uruguay ha asumido “compromisos internacionales” ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con respecto a la “adecuación de su normativa a los estándares internacionales en la materia” y a la “eliminación de todo obstáculo que impida el ejercicio pleno de los derechos”.
“La libertad de circulación y la igualdad ante la ley son derechos fundamentales. Ninguna persona con ciudadanía legal puede ser discriminada ni ver restringido su acceso a documentación adecuada”, manifestó el comunicado y añadió: “La distinción entre ciudadanía legal y natural no puede, en ningún caso, derivar en un trato desigual ni afectar el goce de derechos”.
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