La trabajadora social y directora de la asociación civil El Paso, Andrea Tuana, quien además ejerce como trabajadora social en el Departamento de Neuropsiquiatría Pediátrica del Hospital Policial, fue recientemente sancionada por el Ministerio del Interior con seis meses sin goce de sueldo, debido a declaraciones que realizó en una entrevista en Canal 10 en febrero del año pasado.
La trabajadora social expuso en la entrevista que desde la ONG se han llegado a presenciar “realidades de niños que son dejados en una boca, porque no hay plata para pagar, entonces dejan al niño allí a modo de garantía y lo van a buscar cuando tienen el dinero para pagar la deuda”. A partir de esta denuncia fue abierto un sumario y su sanción fue firmada el último día de Nicolás Martinelli como ministro del Interior.
Es por esto que el pasado 7 de abril, la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual (RUCVDS) publicó un comunicado en apoyo a Tuana, expresando su “profundo malestar ante el reiterado acoso, exposición y ataques a defensoras de los derechos humanos de las humanas y de los niños, niñas y adolescentes”.
Hablamos con la abogada Natalia Fernández, quien forma parte de la coordinación y es vocera de RUCVDS. Según explicó, esta sanción estaría enmarcada por una tendencia de silenciamiento a activistas por los derechos de las mujeres.
Fernández afirmó que desde la Red reclaman un marco de protección para quienes trabajan en la defensa de los DDHH, así como la creación de un mecanismo de reparación ante situaciones como las de Tuana.
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