Diversas organizaciones de magistrados y abogados se preparan para la próxima reforma del Código del Proceso Penal que coordinará el prosecretario Jorge Díaz.
El gobierno decretó la creación de un grupo asesor para analizar cambios en el Código del Proceso Penal, que será coordinado por el exfiscal de Corte, Jorge Díaz, actual prosecretario de la Presidencia.
El código actual entró en vigencia en 2017, cuando Díaz era el fiscal de Corte. La principal modificación radicó en el rol investigativo, que pasó de los jueces a los fiscales. “Policías y fiscales vamos a tener que trabajar juntos”, explicó Díaz sobre la relación que llevan ambos desde la entrada en vigor de la normativa.
En el Desde adentro de Diego Martini en Nada que perder, el diputado colorado Conrado Rodríguez recordó que la oposición solicitó la creación de una comisión especial en la cámara baja para el tratamiento de las modificaciones y entiende que “no es de recibo” que este tipo de comisiones se organicen en la órbita de la Presidencia. Por su parte, la diputada frenteamplista Inés Cortés destacó que es tiempo de evaluar el nuevo código “en base a evidencia”.
El presidente de la Asociación de Abogados Penalistas del Uruguay, Enrique Moller, subrayó la necesidad de una reforma ya que es “muy difícil de trabajar” luego de 16 modificaciones desde su implementación, subrayó en diálogo con M24. Las principales propuestas de la asociación incluyen cambios en la participación de los jueces cuando se disponen prisiones preventivas, quitar el sistema de control de acusaciones y modificaciones en la ejecución de las sentencias. Moller informó que la asociación trabajó estas propuestas con el abogado Gonzalo Fernández pero, una vez creado este grupo, “conviene trabajar para que esta reforma salga lo mejor posible”.
Por su lado, el docente del Consultorio Jurídico de la Universidad de la República, Juan Raúl Williman, coincide en la necesidad de la reforma. Entiende que la “proporcionalidad de las penas” es una de las principales cuestiones a analizar por parte de los legisladores.
La defensora pública María Noel Rodríguez considera necesario “ajustar algunas situaciones” como “que vuelva la suspensión condicional del proceso”. Por otro lado, calificó como “muy positivo” que se convoque a los operadores.
Finalmente, la abogada Valentina Piquinela espera que el grupo de trabajo contemple el uso de medidas alternativas a la prisión y la “suspensión total” del uso de la prisión preventiva como primera respuesta del sistema judicial. “¿Qué ventajas tiene? Discutir la pena, dejar de condenar personas en menos de 48 horas sin capacidad de reflexión”, así como “contemplar las infancias que son atravesadas por los delitos de sus adultos referentes”, sintetizó.
Inicio