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Info 24

No hay una sola vivienda en construcción desde el cambio de gobierno, todo lo que hay es arrastre del anterior, señaló diputada Etcheverry

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Foto: Mauricio Zina / adhocFOTOS

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El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, estructuró un fideicomiso por 80 millones de dólares para realizar obras públicas que debe ser sancionado en la Junta Departamental canaria, donde está faltando un voto para que esa herramienta financiera sea aprobada y quede operativa, tema del que habló en INFO24 la diputada frenteamplista del Espacio 609 Lucía Etcheverry.

Etcheverry explicó que dicho fideicomiso es “un instrumento” para lograr una “mayor capacidad de respuesta de la Intendencia” al efecto de “mejorar la vida de la gente; en el periodo pasado se generó con este instrumento una diversidad de obras de infraestructura, que mejoraron toda la red vial, los espacios públicos, generaron respuestas de mejora en la gestión ambiental, la recolección, la limpieza, de cada uno de los 30 municipios; porque este endeudamiento (…), al igual que el ejecutado en el periodo pasado, no está vinculado solo a una dirección, abarca la totalidad de los servicios que hacen a la calidad de vida que quiere la gente en el Departamento”, indicó.

Sobre la falta de votos opositores en la Junta para viabilizar el proyecto, recordó que “hay un antecedente bien importante y lo ha dicho además el intendente Orsi en más de una oportunidad: Canelones ha tenido, y sobre todo en la Junta Departamental, muchísimas muestras de madurez política, en distintas instancias”, incluyendo en ellas “la votación del fideicomiso en el periodo pasado, y esperemos que en éste también; porque además, los ediles son representantes también, y provienen, de distintas localidades del Departamento; ¿cómo explicarle a la población: ́mirá, no va a haber el polideportivo que estaba planteado para el Municipio o el centro cultural ́? Porque acá -apuntó la diputada- son obras que las han planteado los propios municipios, los concejos municipales, es decir que surgen desde la propia demanda e interés que define el propio territorio”; por eso “no es tan blanco y negro la oposición, porque hay además mecanismos de contralor que han sido muy eficientes y muy rigurosos; entonces nosotros creemos realmente que es posible que en la Junta se llegue al acuerdo, en el marco de eso”.

Y destacó las fortalezas institucionales canarias que solventan la iniciativa: “hay que tener presente que la Intendencia de Canelones en el periodo pasado cerró con superávit” y que desde marzo de 2020, “en una situación compleja (…) desde el primer día tomó medidas para acompañar a la gente que estaba en una situación más complicada (…), generó facilidades y prórrogas de vencimiento de todos los tributos, puso además recursos humanos, materiales, económicos para alimentación de la gente, para asistir también al gobierno nacional en el Departamento; lo primero fue cuidar la salud de la gente, tomó medidas (…) de facilitar (…) los emprendimientos, las habilitaciones, que eso también implica impacto en su recaudación; y sin embargo, aun en ese escenario, con un manejo muy eficiente y muy cuidadoso de los recursos entrega una Rendición de Cuentas con superávit, que no quiere decir que pueda cubrir” todas las carencias pero sí genera “el oxígeno suficiente para plantearse la posibilidad de este endeudamiento”.

En cuanto a la integralidad del Proyecto de Ley de Rendición de Cuentas, Etcheverry evaluó que el texto “confirma o ratifica el rumbo que ya habían definido en el Presupuesto, de recorte, de achique del Estado en áreas que son prioritarias y en políticas que son imprescindibles para que les lleguen a la gente; por ejemplo en el Ministerio de Vivienda”, con el proyecto de “la generación de un fideicomiso para atender o nutrir los programas que trabajan en asentamientos, sacándole al Instituto de Colonización (INC) los recursos que le quedaban; porque ya en la Ley de Presupuesto, hay que tener presente, le sacaron 90 millones del presupuesto, y ahora le retiran al INC los recursos producto del impuesto por enajenaciones de tierras”; en este caso “estamos hablando de unos 18, 20 millones de dólares según las estimaciones del gobierno, cuando al Fondo Nacional de Vivienda, para la construcción de vivienda nueva, las cooperativas, las obras (…) en algunos asentamientos, la posibilidad de sumar nuevos trabajos y asentamientos, le recortaron en el Presupuesto 30 y algo de millones de dólares”, cuestionó.

“No ha habido un accionar del Ministerio, hasta ahora no hay una sola vivienda en construcción desde el cambio de gobierno; todo lo que hasta ahora hay (…) es arrastre que venía del gobierno anterior”, puntualizó. Otro ejemplo es “el sistema carcelario, donde hoy hay 13.000 personas privadas de libertad, 1.000 y pico más que el año pasado, y los operadores penitenciarios se eliminan, 150 cargos”, cuando “la tendencia incremental, decía el Comisionado Parlamentario, puede llegar a más de 19.000 para 2024, sin nuevas plazas, sin nuevos establecimientos”, con lo que se genera “un hacinamiento enorme pero además sin posibilidades de rehabilitación, por lo cual esas personas, sin esas opciones, seguramente vuelvan a la vida en sociedad con mayores problemas y esto es un espiral vicioso tremendo”.

La legisladora canaria del MPP deploró el abordaje, por parte del Estado, de la honda problemática social de las familias del asentamiento ́Nuevo Comienzo ́, cuando “en el peor momento de la pandemia, en una situación crítica del país, se empiezan a procesar las detenciones, para procesarlos, y la intimación de los lanzamientos, a la gente que está en situación de absoluta vulnerabilidad, (…) a la calle para que corra otro riesgo