Lo que surge de la investigación al exsenador Charles Carrera por hacer, cuando era jerarca de Interior, que una persona mal herida, posiblemente por un funcionario de la cartera, fuera atendida en el Hospital Policial y recibiera 20.000 pesos en tiques alimentación, “ni por asomo va en la línea de lo que sería un dolo en materia penal”, señaló el catedrático Germán Aller en Nada Que Perder.
Aller contextualizó el asunto señalando que “el delito (…) por el cual se investiga al exsenador Carrera es en relación al abuso de funciones”, una figura que “la inmensa mayoría de los estudiosos del tema consideramos que es inconstitucional; pero, sin perjuicio de ello, la Corte nunca ha dispuesto una inconstitucionalidad sobre el abuso de funciones, por lo tanto sigue operando”; recordó que “ha habido numerosos proyectos para derogar este delito”.
Explicó que para aplicarlo, “este delito requiere inequívocamente una intención ajustada al resultado, es decir que el sujeto que lleva a cabo la conducta pretenda obtener un beneficio espurio, indebido, contrario a Derecho, a través de un abuso, de un exceso, de un acto de tipo arbitrario” que sea cometido “en desmedro de la administración, es decir en perjuicio de la administración”.
Implica que debe valorarse “no solo la responsabilidad objetiva de si se produce una afectación a la administración pública, eso no alcanzaría, es una doble llave: por un lado, tiene que haber perjuicio o el peligro del perjuicio, pero además requiere la intencionalidad de perjudicar, dañar, socavar a la administración”.
“En el caso que nos ocupa” y remite a cuando Carrera era director de Secretaría de Interior, “uno dice: ‘si estas son las cartas que se tienen, yo no veo dónde está el dolo’; para mí no hay dolo de parte del actor de la conducta, en este caso de Carrera”, sostuvo.
A continuación, se preguntó: “¿El daño? No sé si existe, creo que tampoco; pero supongamos que se pudiese establecer que ha habido un daño: digo que es discutible porque, en realidad, da la impresión de que, lo que ha querido hacer el indagado en este caso, es precisamente prever un problema eventualmente mayor y actuar con un criterio de solidaridad” hacia la persona baleada.
Comentó que esto último “puede estar equivocado, puede no ser correcto administrativamente, no me compete decirlo a mí porque no es de Derecho Penal”, precisó sobre el criterio de solidaridad; “pero sí me queda claro que ni por asomo va en la línea de lo que sería un dolo en materia penal, que requiere un acto contrario a Derecho y beneficio propio, o de un tercero pero espurio”, anotó.
Esa intencionalidad “en este caso” no es verificada “porque lo que pretendía precisamente -si todo es como se dice, yo no tengo más elementos que esos- era dar una respuesta a una persona en clave de solidaridad, de atención de algo que igual, eventualmente, la propia administración pública tendría que responder”, ilustró.
“¿Si los pasos fueron los correctos? Eso es harina de otro costal, puede que lo sean o no, no me incumbe a mí decidirlo, pero la intencionalidad no surge, y el daño efectivo tampoco veo claro que exista; yo no veo elementos como para poder atribuir, sin perjuicio de que sea legítimo investigar, está bien que la justicia opere, que el Ministerio Público investigue, eso es correcto; después veremos a qué se arriba, que es otro cantar”, graficó.
“Pero yo no veo, pensando en el final del camino, que aquí exista intencionalidad, es decir dolo”, recalcó Aller y luego ejemplificó: “esto lo digo en este caso y lo podría plantear en otros, y tomar el comparativo con otras situaciones que han pasado (…) dentro de la administración pública en tiempos lejanos, medianos y cercanos donde tampoco hubo dolo y no se imputó delito”.
Jueza de Garantías solicitó que se desarrollen las diligencias que faltan en el caso Carrera
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