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Pablo Vignali / adhocFOTOS
No está definido que nueva planta potabilizadora esté en manos privadas, pero es perfectamente posible, sostuvo el ministro de Ambiente
31/03/2021
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El Gobierno proyecta la instalación de una nueva planta potabilizadora en San José como alternativa a la planta de Aguas Corrientes.

El titular de Ambiente, Adrián Peña, se refirió en Mejor Hablar a la posible construcción de una nueva planta potabilizadora en la zona de Arazatí, en San José. La iniciativa procura solucionar el abastecimiento de agua potable en el área metropolitana, ante una eventual dificultad de la planta de Aguas Corrientes.

«Es una planta que produciría el 30 % de lo que se produce en Aguas Corrientes. El posterior bombeo se realizaría al recalque de Melilla, donde está el 85 % de las redes de Montevideo», sostuvo Peña.

Consultado sobre si la planta será operada por privados, indicó que ello aún no está definido. No obstante señaló: «Que la gestión de la planta esté en manos de privados es perfectamente posible. Aquí no se anteponen derechos económicos a derechos sociales».

En referencia a las implicancias de la reforma de 2004, que sostiene que el agua es un derecho humano que debe ser gestionado por el Estado, el ministro afirmó que la responsabilidad seguirá siendo de OSE.  A modo de ejemplo detalló: «Hay muchas plantas de saneamiento gestionadas por privados y la responsabilidad final es de OSE».

Ante los cuestionamientos de técnicos que aseguran que habría una gran afluencia de cianobacterias con la nueva planta potabilizadora, Peña expresó que la tecnología que tendrá la planta «permitirá tratar los eventuales episodios de floraciones y cianobacterias».

Agregó que a la hora del financiamiento se deben buscar los menores costos para el país. «Es una inversión de más de 200 millones de dólares que no tendrá mejoras económicas», acotó.

Proyecto ley forestal

El ministro ratificó que no está de acuerdo con el proyecto de ley forestal aprobado en Diputados que implica limitar la extensión de la forestación al 10 % de la superficie agropecuaria del país. Sostuvo que el proyecto aborda la dimensión económica y productiva, pero no ambiental. Puntualizó, asimismo, que no corresponde determinar dónde forestar por ley sino por criterios científicos.

Por otra parte, informó que el ministerio está elaborando una resolución que actualiza la regulación de la actividad desde el punto de vista del ambiente, que no es exactamente la perspectiva que estudia el Parlamento.

Peña recordó que en la actualidad, cuando alguien va a plantar más de 100 hectáreas, debe solicitar la autorización del Ministerio de Ambiente. Al respecto dijo que el ministerio establecerá una nueva actualización de criterios que atienda el cuidado del suelo, del agua y la biodiversidad. Agregó que también se obligará a los emprendimientos más chicos a realizar una evaluación ambiental.

«Creemos que desde el punto de vista ambiental las propuestas que haremos son muy superiores a la regulación actual y responde a las inquietudes que se nos han manifestado», indicó el jerarca. «Hay margen para que la forestación siga creciendo, pero tiene que ser de forma ordenada”, subrayó.