La incorporación de tecnología de vigilancia es un compromiso del FA, pero el ministro aclaró que nunca "respaldó" la compra por 33 millones de dólares que aprobó Martinelli dos días después del balotaje de 2024.
El ministro del Interior, Carlos Negro, expresó en su cuenta personal de X que el gobierno está comprometido con la incorporación de tecnología y cámaras de videovigilancia, pero aclaró que tiene “dudas” sobre la “forma, el momento y la premura” de la compra directa por 33 millones de dólares para 5.300 cámaras de videovigilancia, que realizó en 45 días el exministro Nicolás Martinelli, cuyo proceso culminó dos días después del balotaje que Yamandú Orsi ganó frente al blanco Álvaro Delgado.
Este martes, el periodista Eduardo Preve fue quien informó en La Tapadita, por M24, que Martinelli autorizó esta compra cuya vigencia comprometería las arcas de la gestión actual.
Negro indicó en su cuenta de X que la compra de tecnología es “una incorporación necesaria” que va en línea con “el programa del FA”, que plantea aumentar a 20.000 la cantidad de dispositivos de videovigilancia. No obstante, señaló que la legalidad del contrato se sabrá “cuando terminen las instancias administrativas”. “Políticamente, las dudas sobre la forma, el momento y la premura en que fueron compradas, nos quedarán. Nunca respaldamos esa compra”, aseguró el jerarca.
El ministerio solicitó presupuesto por 2.600 cámaras y la firma SONDA entregó una propuesta por esa cantidad e incorporó el costo por la importación de los dispositivos. En cambio, la empresa DDBA cotizó por 5.300 cámaras y no sumó las tasas aduaneras. Como la cartera no le solicitó a SONDA una nueva propuesta, presentó días atrás un recurso administrativo contra la decisión de Martinelli.
Según se informó en La Tapadita, la administración pasada justificó la compra a DDBA porque solamente esa empresa podía aportar un modelo de cámaras con inteligencia artificial incorporada. De esta forma, el ministerio evitó la observación del Tribunal de Cuentas. Por otra parte, Preve consignó que aún falta determinar quién retirará las cámaras del puerto de Montevideo, quién pagará la importación y si hay vínculos personales entre las autoridades anteriores y los representantes de la empresa.
La denuncia motivó el pedido de informes de la diputada del Frente Amplio Julieta Sierra. La legisladora expresó este miércoles en Nada que perder que esta compra es “irresponsable” y puntualizó que las nuevas autoridades no fueron consultadas en la toma de decisión, es decir que “un gobierno saliente” determinó cuál equipo tecnológico “tenía que usar el gobierno entrante”.
Inicio