En el marco de una “etapa crítica” debido a la cantidad de presos, las cárceles contarán con 1.000 funcionarios más si se aprueba el proyecto de Presupuesto, indicó el jerarca.
El ministro del Interior (MI), Carlos Negro, definió que el fenómeno carcelario en Uruguay se encuentra en “etapa crítica”, con 16.500 privados de libertad. “Gran parte del problema de seguridad que este país tiene es por el número de presos”, indicó el jerarca en diálogo con Nada que perder, por M24.
“No hay posibilidades económicas de tener 16.500 presos en condiciones como las que pretendemos con los niveles económicos del país”, determinó el ministro. En este contexto, Negro destacó que el proyecto presupuestal cuenta con artículos para sumar 1.000 funcionarios, tanto operadores penitenciarios como policías, para la custodia de cárceles.
El secretario de Estado puntualizó que en el período pasado se construyeron cárceles, pero en una modalidad de pago que quedó para este gobierno: "las cárceles son esqueletos impagos, ahora hay que pagar la construcción y el personal”. Por lo tanto, las 1.300 plazas carcelarias para varones y las 1.000 nuevas para la cárcel de mujeres deberán estar financiadas por la ley de Presupuesto que el Parlamento analiza, determinó el jerarca en la entrevista.
Negro destacó la descentralización del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) en el marco de las políticas públicas de seguridad. El organismo que encabeza Ana Juanche, liderará el proceso de descentralización reclamado por oficialismo y oposición. Con el “sinnúmero de complejidades” que requiere, sostuvo Negro, esta iniciativa será presentada en un proyecto de ley propio que está “casi terminada”.
En cuanto a la instalación de organizaciones internacionales con actividad delictiva desde las cárceles de Uruguay, Negro explicó que “parece de sentido común” que bandas de criminales con operaciones en la región, en especial de Brasil, “tengan presencia o pretendan presencia en el territorio nacional”, pero aseguró que al momento no hay "una alerta roja” sobre este fenómeno. “Estamos sumamente pendientes de la sindicalización penitenciaria”, aseguró el ministro.
Programa Más Barrio cuenta con antecedentes en programas “típicamente de izquierda”
Con el antecedente del Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO), que es una “referencia” para las fuerzas policiales de otros países, así como el Plan Siete Zonas implementado en el último gobierno de Tabaré Vázquez y el proyecto de Policía Comunitaria, que identificó como “una concepción típicamente de izquierda”, el gobierno actual creó el programa Más Barrio, cuyo organismo rector es el Ministerio de Vivienda.
Negro destacó que el MI cuenta con un mapa con información precisa sobre qué ocurre en cada zona del país para determinar “cuáles son las esquinas más complejas en este momento” en materia de seguridad. Con base a estos datos, se compondrán equipos de trabajo para que “quede el Estado presente” con sus distintas agencias “para que el vecino tenga una vida mejor”.
El gobierno comenzó con el diálogo para la construcción de este programa en junio, con la reunión entre Negro y la ministra de Vivienda, Tamara Paseyro. Más Barrio fue definido como “prioritario” por el gobierno de Yamandú Orsi con todo el despliegue de las políticas públicas que apuesten a mejorar la calidad de vida de la gente”, según explicó la subsecretaria del (MI), Gabriela Valverde, para el informe especial de Nada que perder.
Durante la presentación de las líneas estratégicas de trabajo en materia de vivienda, la ministra Paseyro definió a Más Barrio como una política para “contribuir a la reducción de la violencia a través de acciones focalizadas en seguridad, inversión en infraestructura urbana, inclusión social y foco en la niñez y adolescencia”, junto al Ministerio de Desarrollo Social, ASSE, ANEP, INAU, INJU, intendencias y municipios.
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