Se podrán acoger a este derecho las personas mayores de edad que padezcan "sufrimientos insoportables" como consecuencia de una enfermedad incurable e irreversible. El procedimiento deberá contar con el visto bueno de dos médicos.
Este martes 12 de agosto se discutirá y votará en la Cámara de Diputados el proyecto de ley denominado "Muerte digna" que busca regular la eutanasia en Uruguay, tras un intenso debate social y político que se remonta a 2019. La iniciativa del Frente Amplio (FA) cuenta con el apoyo suficiente para ser aprobado con votos propios y de parte de la bancada colorada. También lograría la adhesión de algunos nacionalistas.
El desencadenante
En 2019, el uruguayo Fernando Sureda pidió la legalización de la eutanasia para acabar con el sufrimiento que le provocaba la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) que padecía, hasta que falleció en 2020. Su historia dio lugar a la presentación de un proyecto de ley impulsado por el exdiputado colorado Ope Pasquet, que obtuvo media sanción en 2022 en la Cámara Baja pero no corrió la misma suerte en el Senado.
Estos más de seis años han dado "madurez y profundidad" a la discusión, explicó a M24 el diputado del FA Federico Preve, uno de los promotores del actual proyecto. Este proceso supuso escuchar a "más de 60 organizaciones que pasaron por el Palacio Legislativo", lo que según Preve "dan características sólidas" al proyecto de ley de 13 artículos que el oficialismo espera aprobar este martes.
Qué dice el proyecto de ley
El artículo 2 del texto establece que la persona que solicite acogerse a este derecho debe ser "mayor de edad, psíquicamente apta" y estar cursando "la etapa terminal de una patología incurable e irreversible", o que, como consecuencia de patologías o condiciones de salud incurables e irreversibles, "padezca sufrimientos que le resulten insoportables", en todos estos casos "con grave y progresivo deterioro de su calidad de vida".
La persona que reúna estas condiciones tiene derecho a que bajo "su pedido" y bajo el procedimiento establecido "se le practique la eutanasia" para que su muerte se produzca "de manera indolora, apacible y respetuosa de su dignidad", señala el artículo 2.
Este proyecto de ley "habilita el derecho a poder morir con dignidad", remarcó Preve, bajo determinadas circunstancias y con "un sistema de garantías".
El legislador, que además es médico de profesión, hizo hincapié en el "sistema de garantías" que ofrece este marco legal, con una "primera opinión" del médico tratante y una segunda de un médico independiente, tras la cual regresa el médico tratante para que el enfermo mencione su última voluntad. Si se diese un grado de diferencia entre ambos se establecerá una Junta Médica de tres profesionales para resolverla.
Además, se prevé la creación de una comisión honoraria que evaluará todos los casos anuales de eutanasia, y remitirá informes al Ministerio de Salud Pública y al Parlamento.
Preve destacó que la iniciativa "inhabilita todo tipo de práctica que no se enmarque en la libertad de la persona de decidir y en las dos opiniones [médicas] con este sistema de garantías". "Si no se cumple se aplicará la ley penal como hasta hoy", añadió.
Detractores: "Escandalosa injusticia"
En la vereda contraria a esta iniciativa se encuentra el diputado nacionalista Rodrigo Goñi. "La eutanasia desprotege, quita protección a algunas personas, especialmente a las más vulnerables, que tienen una condición de salud disminuida. El Estado deja de protegerlos incondicionalmente, lo que es una escandalosa injusticia", expresó Goñi en diálogo con M24.
Para Goñi, “sin derecho a la vida no hay ningún otro derecho". Según dijo, con la eutanasia "se envía una señal terriblemente injusta a la sociedad", por la cual "aquellas personas que están en una condición de salud disminuida valen menos". "Por eso te permiten renunciar, por eso el Estado te desprotege", enfatizó.
Goñi explicó que para "disminuir esa injusticia" propuso crear un "Comité de garantías" que actuase previo a la decisión, para constatar si la persona no estuvo bajo algún tipo de presión o condiciones que hicieran su vida "insoportable" por una situación de salud especial. Pero su propuesta no tuvo éxito: "No han querido implementarlo bajo ningún concepto y bajo una excusa absurda: que burocratizaría el procedimiento".
Eutanasia y cuidados paliativos
En términos similares a los planteados por Goñi, la asociación Prudencia Uruguay manifestó su disconformidad en un mensaje difundido en redes sociales: "El proyecto de Ley de eutanasia no garantiza ni una auténtica libertad ni una protección real de los derechos de las personas que más sufren. Al contrario, se perderán derechos, habrá menos protección jurídica y social".
Desde la asociación apuntan que los cuidados paliativos, derecho reconocido en la legislación nacional, siguen "sin reglamentación ni financiación adecuada" y critican que el proyecto de eutanasia "apenas exige informar sobre su existencia".
Frente a esta crítica, Preve responde: "La eutanasia y los cuidados paliativos conviven, se desarrollan y son buenos en los países donde la eutanasia está regulada".
Entre estos lugares se encuentran Bélgica, España, Países Bajos y Canadá. Colombia despenalizó la eutanasia mediante fallos judiciales de la Corte Constitucional, no por vía legislativa. "Si la aprobamos vamos a ser el primer país de Latinoamérica que legalice la eutanasia a través de una ley", especificó Preve para diferenciar este caso del colombiano.
"Aspectos controversiales hay muchos porque sobre esto no hay verdades absolutas; lo importante es que se respeten las diferentes creencias, que ningún sistema de creencias se imponga sobre otro", subrayó el legislador. Y acotó: "Esto no es un debate entre vida o muerte sino entre morir con dignidad y morir de una forma indigna y con sufrimiento".
"Elegir es dignidad"
En defensa de la regulación, desde la asociación Empatía sostienen: "elegir es dignidad" e insisten que tanto los cuidados paliativos como la eutanasia pueden coexistir. "Paliativos para todo aquel que los solicite, eutanasia también", expresan en su página web.
La aprobación de un proyecto sobre eutanasia "no solo arrojaría luz a un proceso que muchas veces ocurre en la clandestinidad", argumentan, sino que también "brindaría garantías y un marco legal serio" a la persona que experimenta sufrimientos insoportables, a su familia, al profesional de la salud que eventualmente practique el procedimiento y a la institución.
¿Qué opina la ciudadanía? En mayo, una encuesta de la consultora Cifra mostró que el 62 % de la población uruguaya está de acuerdo con la legalización de la eutanasia, mientras que el 24 % se manifestó en desacuerdo y el 14 % respondió que no sabe. Desde 2020, la consultora ha registrado una mayoría constante a favor del procedimiento.
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