“El trabajo en derechos humanos es algo que siempre tiene un horizonte delante, no es algo que se termine”, reflexionó Mota y destacó que es un “orgullo” que organizaciones sociales confíen en ella y propusieran su nombre para el cargo.
La exjueza Mariana Mota fue electa en el día de ayer para volver a integrar el directorio de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH). En la segunda sesión en que la Asamblea General trató quién sustituiría a Wilder Tayler, Mota obtuvo 75 votos mientras que la exfiscal Gabriela Fossati consiguió el respaldo de un legislador. A su vez, hubo 41 votos en blanco y seis anulados.
“Mi vuelta a la INDDHH obedece al respeto que tengo por la lucha de Familiares de desaparecidos”, dijo Mota a Nada que Perder. Agregó que se trata de una institución “muy valiosa” y destacó que su competencia, que es la de protección, promoción y defensa de los derechos humanos, es “muy noble”. “Poder trabajar en eso me parece un verdadero honor”, subrayó.
“El trabajo en derechos humanos es algo que siempre tiene un horizonte delante, no es algo que se termine”, reflexionó la entrevistada. En ese sentido, destacó que es un ámbito de trabajo donde “siempre se reclama más” y que los tiempos difíciles hacen que “deba tener más incidencias”.
En cuanto al respaldo de organizaciones sociales, como Crysol (asociación de expresos políticos), dijo que “siempre ha sido un orgullo” que los colectivos propongan su nombre y confíen en ella. “Que esas organizaciones confíen en mí, es un valor muy importante”, complementó.
En otro tramo de la entrevista, Mota dijo que se requiere fortalecer el equipo de la INDDHH, principalmente el equipo de Argentina, que es el lugar “donde hubo mayor cantidad de personas detenidas y desaparecidas de origen uruguayo”. “Debemos profundizar esos equipos y esa es una de las tareas importantes de encausar y desarrollar”, aseguró.
Mota se desempeñó como magistrada en el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal de 7º Turno de Montevideo, donde investigó más de 50 denuncias por violaciones a los derechos humanos vinculadas a la última dictadura militar. En 2010 condenó al dictador Juan María Bordaberry.
Años más tarde, en 2013, fue trasladada a un juzgado civil por orden de la Suprema Corte de Justicia, lo que despertó diversas manifestaciones de rechazo por parte de organizaciones defensoras de los derechos humanos. En 2017 fue designada para integrar el Directorio de la Institución Nacional de Derechos Humanos, donde permaneció hasta 2022.
Inicio