Milonga de la desidia y la falta de apego
26/10/2020
https://www.m24.com.uy/wp-content/uploads/2020/10/20201026_Linng.mp3

Foto: presidencia.gub.uy

En diciembre pasado, en la columna número 67, traté de dibujar lo que iba a pasar con el gobierno entrante. Hicimos acá un simulacro de informativo, como si fuera Info 24.

La noticia del futuro en aquel diciembre era la siguiente:

“LA COALICIÓN DE GOBIERNO INSTALA COMISIONES INVESTIGADORAS

Tanto a nivel del Senado como de Diputados, partidos integrantes de la coalición de gobierno prevén investigar distintos organismos del Estado.

Se filtró hacia la prensa, que hay indicios de delitos y que el camino a la Justicia puede ser el más corto antes de la instalación de las investigadoras.”

El pasado 19 de octubre, la ministra de Economía Azucena Arbeleche dio una conferencia de prensa en donde presentó las auditorias.

Informes muestran desidia, falta de previsión, descuidos y poco apego al buen manejo de los dineros públicos

19/10/2020

 

Frente a estos pronunciamientos, me permito reflexionar sobre lo que es evidente que está expresado en las acciones del gobierno y sus distintos protagonistas y lo que a mi juicio es la estrategia política y comunicacional del gobierno en este asunto que podemos titular “Milonga de la desidia y la falta de apego”.

La estrategia tiene 6 pilares.

  • Instalar la sospecha desde el café vencido hasta acá.
  • Dan a conocer informes de auditorías de AIN.
  • Darán a conocer auditorías de los ministerios y empresas públicas.
  • Pasarán a Justicia algunos antecedentes (proceso conocido como lawfare ojudicialización de la política).
  • Durante 3 años Justicia investigará y los medios difundirán los procesos.
  • Se llega al periodo electoral con toda esa construcción de O Pública.

LAWFARE. LA JUDICIALIZACIÓN DE LA POLÍTICA EN AMÉRICA LATINA

Lawfare. La judicialización de la política en américa latina es un libro escrito por las expertas argentinas Camila Vollenweider y Silvina Romano, que pertenecen al Centro Estratégico Latinoamericano de Política (CELP)

¿Qué es el Lawfare?

Es el uso indebido de instrumentos jurídicos para fines de persecución política, destrucción de imagen pública e inhabilitación de un adversario político. Combina acciones aparentemente legales con una amplia cobertura de prensa para presionar al acusado y su entorno (incluidos familiares cercanos), de forma tal que éste sea más vulnerable a las acusaciones sin prueba. El objetivo: logar que pierda apoyo popular para que no disponga de capacidad de reacción.

¿Qué significa Lawfare?

El término “describe un método de guerra no convencional en el que la ley es usada como un medio para conseguir un objetivo militar” y es utilizado con este sentido en un libro de 1999 sobre estrategia militar. En 2001 el concepto comienza a ser manejado en ámbitos diferentes a las Fuerzas Armadas Estadounidenses, tras la publicación de un artículo escrito por el General de Fuerza Aérea, Charles Dunlap, de la Duke Law School. Estados Unidos (por medio de la USAID) es uno de los principales proveedores de asesoría para la reforma de los aparatos jurídicos en América Latina y el Departamento de Justicia estadounidense ha estrechado en los últimos años los vínculos con los aparatos judiciales de la región en la lucha anticorrupción.

Hay tres dinámicas y un actor clave que confluyen para construir el Lawfare:

  • Timing político: implica que el caso judicial (utilizado como un arma) se hace público en momentos de alto costo político para la persona o grupos que son desprestigiados.
  • Reorganización del aparato judicial: las élites con el control del aparato del Estado colocan en espacios clave a “técnicos” (abogados, jueces, fiscales) vinculados al poder de turno, para atacar al adversario político y/o prevenir situaciones hostiles que puedan provenir de éste.
  • El doble rasero de la ley: si bien pueden salir a la luz varios casos de corrupción, se “elige” seguir de cerca a unos, invisibilizando o desestimando otros.

¿Cuál es el actor clave para que todo esto funcione hermosamente?: medios de comunicación masivos y concentrados que operan como “periodismo militante” de modo transversal a estas dinámicas, construyendo la opinión pública al magnificar algunos casos e invisibilizar otros, a la vez que “manufacturan consentimiento” sobre la corrupción como “enfermedad” del Estado y de lo público, a diferencia de las buenas prácticas, dicen, de lo privado.

Ese es el concepto paraguas del gobierno desde donde se trabaja y se aplican los 6 pilares que mencioné y que reitero.

  • Instalar la sospecha desde el café vencido hasta acá.
  • Dan a conocer informes de auditorías de AIN.
  • Darán a conocer auditorías de los ministerios y empresas públicas.
  • Pasarán a Justicia algunos antecedentes (proceso conocido como lawfare o judicialización de la política).
  • Durante 3 años Justicia investigará y los medios difundirán los procesos.
  • Se llega al periodo electoral con toda esa construcción de Opinión Pública.

 

 MILONGA DEL CAFÉ VENCIDO

Ustedes recuerdan que el presidente Lacalle utilizó una interesante metáfora para explicar cómo se movía el gobierno con la pandemia. Dijo: tengo un tablero con perillas y debo regular las perillas de la salud, del bienestar y de la economía.

Ahora resulta que hay otra perilla en ese tablero que no dijo allá en marzo cuando estalló la pandemia: es la perilla que regula la erosión de los gobiernos anteriores.

Por goteo, regulado minuciosamente, se van difundiendo cuestiones con aroma a desidia y desapego, con aroma a café vencido, y eso se hace semana a semana. Se construye sospecha en opinión pública.

Ese goteo es un primer pilar: instalemos la sospecha, construyamos algunos símbolos -vendamos el avión presidencial- y sigamos.

Esa fase abre la segunda, las auditorias, pero la perilla de las es regulada, gota a gota. Se presentan 12 -algunas como las del Ministerio del Interior habían sido solicitadas por el ministro Bonomi, algo extraño: este gobierno trabaja con materiales de Bonomi- y anuncia que vendrán otras y otras, y que siguen las investigaciones.

Todo eso viene en el manual de la judicialización de la política, porque eso adquiere visibilidad y otros temas relevantes, se invisibilizan.

Ahora vendrá la tercera fase, con las auditorias de ministerios y de las empresas públicas y seguramente habrá algún café vencido en Antel, y vaya uno a saber cómo atacan otro símbolo en la estrategia comunicacional: el Antel Arena. No es descabellado pensar que encontrarán un gato muerto u otra cosa en los vestuarios del Antel Arena. Hay que construir símbolos que erosionen a la izquierda.

Luego vendrá la cuarta fase que es enviar a la Justicia algunos elementos indiciarios de presuntos delitos. No serán muchos. Tienen que ser pocos y emblemáticos, simbólicos y ahí Antel Arena tiene todos los boletos comprados.

La quinta fase será el trámite a nivel judicial. Por algo una vez por semana atacan al fiscal Jorge Diaz: porque para que la estrategia sea integral y contundente, tienen que tener un actor funcional en la fiscalía, como queda dicho en el libro antes mencionado.

Cuando se deriven casos a la Justicia el trámite allí durará varios años y ello servirá para la construcción de Opinión Pública porque de esos trámites judiciales surgirá información abundante que fortalezca el relato de la corrupción de los anteriores gobiernos. Y serán tres años de construcciones y debates, hasta llegar a las elecciones del 2024.

Mientras tanto, si no cambian algunas cosas en quienes se oponen a este gobierno, la judicialización de la política dominará la agenda pública e intentará tapar los elefantes rosados que ya comienzan a volar por los caminos de la Patria.

LA DESIDIA DE MANINI

En una pasada columna, informé que cuando Azucena Berrutti fue ministra de Defensa Nacional, debió instrumentar una contabilidad paralela, porque detecto que había detectado falta de apego y desidia en los controles que se ejercían en diversas unidades de su ministerio.

En agosto de 2014 la Dirección General de Recursos Financieros del Ministerio de Defensa Nacional (MDN) solicitó al general Guido Manini Ríos, entonces responsable de la Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas, que remitiera las auditorías internas correspondientes a los años 2010, 2011, 2012 y 2013. La respuesta de Manini Ríos fue que “no se realizaron auditorías internas” en esos años, como mandata la ley, y agregó que había en curso una del ejercicio 2013.

Sin embargo, no se encontraron registros de que el resultado de tal auditoría fuera remitido al ministerio.

Durante el pasado gobierno, ante la falta de presentación de las auditorías internas de Sanidad Militar, la Dirección de Recursos Financieros sugirió al director general de Secretaría del Ministerio de Defensa que dirigía Eleuterio Fernández Huidobro, Hernán Planchón, solicitar una auditoría externa. En 2015, Defensa pidió al Tribunal de Cuentas que audite el uso de fondos de terceros de Sanidad de las FF.AA. por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014.

El informe de la auditoría del Tribunal de Cuentas (TC), fechado en marzo de 2016 y al que accedió Búsqueda, destaca, entre otras irregularidades, que las ventas por actos médicos, quirúrgicos, exámenes y estudios realizados a particulares se cobraban a través de tickets “sin emitir facturas”.

Según el TC, Sanidad Militar no contaba con un sistema integrado de información financiera, lo que condujo a “la utilización de planillas Excel y medios manuales que dificultan los controles, duplican las tareas y aumentan las posibilidades de error”.

“No se efectúa un seguimiento de los deudores” —había saldos impagos desde hacía más de 18 meses— y no existía una adecuada coordinación entre las divisiones Comercial y Financiera.

Tampoco había un adecuado control de inventarios, siempre según la auditoría, constatándose “deficiencias” en el manejo de los sistemas informáticos de stock por falta de capacitación y escasez de personal. Esto implicó que en algunos sectores no hubiera una adecuada separación de funciones y una misma persona registraba el ingreso, la custodia y la salida de los bienes.

Gral Manini: Cierre de campaña. Se investigará corrupción del Frente Amplio. Telemundo 25 oct. 2019

 

 FALTA DE APEGO DEL CORONEL

El subsecretario del Ministerio de Defensa, Rivera Elgue, figura como deudor «irrecuperable» en la Central de Riesgos Crediticios del Banco Central por un préstamo del Banco República (BROU), según reveló una publicación del semanario Brecha este viernes.

El semanario indicó que el coronel retirado tiene una deuda de 261.498 pesos con BROU, pero por el atraso que lleva en el pago le sumaron 422.000 pesos.

La publicación añade que Elgue también debe al Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) un préstamo de 6.121.355 pesos y a Anda otros 24.000. También en estas entidades figura que tiene «capacidad de pago comprometida».

Montevideo Portal se comunicó con Elgue, dirigente de Cabildo Abierto, quien dijo que «con el BROU ya desde la semana pasada estaba negociando el pago de esa deuda». Además, afirmó que con el BHU tiene «un préstamo hipotecario como tenemos miles de uruguayos».