El escenario migratorio en Uruguay ha experimentado transformaciones sostenidas en la última década, con un incremento notable de personas provenientes de otros países latinoamericanos. Esto ha generado tensiones no solo en las políticas públicas, sino también en los discursos sociales y mediáticos sobre la migración.
Para analizar esta transformación, Pilar Uriarte y Leroy Gutiérrez, investigadores de MigraMedios, el Observatorio de Medios, Discursos y Políticas Migratorias de la Universidad de la República dialogaron en La Rosca al respecto.
Una migración sostenida pero invisibilizada
Según Uriarte, doctora en Antropología especializada en políticas migratorias, desde 2011 en adelante se ha observado una llegada constante de población migrante y, pese a que Uruguay ha sido históricamente un país de emigración, la entrada creciente de migrantes obligó a “sacarnos un poco el polvo de nuestras ideas y nuestra forma de pensarnos”.
Se detectaron señales claras de un cambio en el fenómeno de la migración a partir de registros administrativos entre 2013 y 2015, cuando comenzaron a visibilizarse datos de personas nacidas fuera del país en sistemas como salud, educación y asistencia social. A partir de 2014, la realidad de la migración en Uruguay comenzó a aparecer en la prensa, según puntualizó Uriarte, sobre todo con “conflictos en torno al uso del espacio público, con vecinos que no entienden muy bien qué está pasando”.
El posicionamiento de Uruguay como destino migratorio, de acuerdo a la antropóloga, se explica por su inserción en los corredores migratorios desde 2009. Entre los factores que influyen destacó la fortaleza relativa de la moneda uruguaya en ese momento y la ausencia de visados para ciertas nacionalidades.
Por su parte, Leroy Gutiérrez, licenciado en Letras, especializado en estudios afroamericanos y caribeños, abordó su propia experiencia como migrante venezolano llegado en 2010. Señaló que en aquel entonces el acento venezolano era casi desconocido para los uruguayos. “Nos preguntaban si éramos dominicanos, puertorriqueños, mexicanos y cuando le decíamos venezolanos se quedaban sorprendidos”, recordó.
Además, manifestó que las personas migrantes son representadas principalmente como víctimas y esta narrativa, en su opinión, las limita y contribuye a una percepción social que las ubica como sujetos pasivos.
Ambos investigadores coincidieron en que una de las consecuencias de estas representaciones es la negación simbólica de derechos a los migrantes. Gutiérrez comentó que la gente piensa que “por un tiempo los migrantes no deben reclamar derechos” y que existe una noción implícita de que deben “pagar derecho de piso”. Esto se traduce, según él, en que cuando una persona migrante alza la voz o exige derechos, se percibe como una transgresión: “Ya que estás tan mal y te estamos haciendo el favor de recibirte, de ayudarte, no te puedes quejar tampoco”.
Políticas migratorias
Uriarte consideró que, si bien en Uruguay existe un Plan Nacional de Integración para personas migrantes, que propone pensar de manera integrales fenómeno, el país “no tiene una política migratoria fuerte” y, este plan, “a las personas migrantes todavía no les ha significado nada”.
Además, la antropóloga identificó como una dificultad estructural la noción generalizada de igualdad, que si bien es valorada en Uruguay, puede invisibilizar diferencias ya que es la negación de “una dimensión específica” de lo que implica ser una persona migrante.
“Somos todos iguales, pero no es lo mismo para una madre que tiene que trabajar y mandar a sus hijos a una escuela que funciona cuatro horas, cuando tiene una red familiar que la apoye y la que la sostenga, que cuando está a 10.000 kilómetros” de su red de contención, ejemplificó.
Entre derechos y restricciones
Aunque, como se mencionó, Uruguay cuenta con el Plan Nacional de Integración para personas migrantes, las leyes uruguayas a veces “están de espaldas a la ley de migración y a la igualdad de derechos para todos los habitantes”, dijo Uriarte.
Para la legislación nacional, una persona deja de ser apátrida o refugiada al obtener la ciudadanía legal, en la práctica esto no implica recibir la nacionalidad uruguaya. Gutiérrez explicó que la ciudadanía legal no es lo mismo que la nacionalidad, lo que genera una contradicción jurídica, ya que, en la práctica, esa persona sigue siendo apátrida. “Nadie se dio cuenta cuando se promulgó la ley”, indicó Gutiérrez.
Otro ejemplo es la ley de interrupción voluntaria del embarazo que fue promulgada en 2012 pero, según señaló Uriarte, tiene una restricción para las mujeres migrantes de un año de residencia.
En cuanto a la educación, ambos investigadores coincidieron en que la Udelar ha tratado de aggiornarse y, en general, ha agilizado el trámite de reválida de los títulos universitarios extranjeros. “A nivel de ingreso sí se ha transformado muchísimo. Había unas reglamentaciones viejas de Uruguay que exigían tres años de residencia, que estaban completamente desfasadas con la ley migratoria general, y todo eso ha mejorado”, expresó Uriarte, quien reconoció que “no quiere decir que sea perfecto”.
Para la antropóloga, para todas las instancias que atraviesan las personas migrantes, no se trata solamente de “habilitar formalmente el acceso”, sino que se deben “generar las condiciones para que ese acceso, esa integración, sea real”.
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