El presidente de la Unasev mostró su preocupación por el cambio en el cobro de multas y patente de rodados porque la medida está vinculada con “una actitud” en la forma de conducción.
Este martes en La Tapadita, por M24, el periodista Eduardo Preve informó que la morosidad en las multas de tránsito se duplicó desde la aprobación de la Rendición de Cuentas en 2023. La modificación permite el pago de la patente de rodados y de la multa por separado, además de la prescripción de las multas luego de cinco años, cuando la normativa anterior establecía la caducidad de las infracciones luego de diez años.
Hasta 2023 el Estado recaudó el 60% de las multas, pero como resultado de estos cambios el porcentaje cayó al 43% al año siguiente. En 2024 unos 390.000 vehículos cometieron un millón de infracciones. Hasta el momento, el total de la deuda asciende a 780 millones de dólares.
El presidente de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev), Marcelo Metediera, recordó a Nada que perder este martes que las intendencias de Montevideo, Canelones y Salto presentaron un recurso ante la Suprema Corte porque entendían que la medida impulsada mediante ley por el gobierno de Luis Lacalle Pou violaba la “autonomía municipal”.
Si bien Metediera reconoció que esta morosidad tiene consecuencias económicas directas, sostuvo que esta medida también tiene relación con “una actitud” en la forma de conducción sobre la vía pública. Este aspecto “es parte de lo que queremos también cambiar con el permiso por puntos”, precisó el jerarca.
Metediera también recordó que la Rendición topeó en diez unidades reajustables las multas por exceso de velocidad, “cuando había existido un acuerdo entre todas las intendencias” y el Poder Ejecutivo.
La recaudación de las multas en rutas nacionales tiene tres destinos, según la Rendición aprobada en 2023: un 70% se dirige a la Corporación Nacional para el Desarrollo para el financiamiento de obras de vialidad, un 20% a la UTEC y un 10% al Ministerio del Interior.
Metediera fue crítico sobre la generación de “condiciones económicas o espaldas financieras” al Ministerio de Transporte en el período pasado. “Eso también es hacer politiquería con cosas que de fondo tienen otra necesidad”, indicó en la entrevista.
“Como está redactada la Ley hubiera mandado un mensaje al parlamento para decir: ‘radares pedagógicos no, vamos a poner señalización vial de tránsito’, porque el artículo lo que plantea es que se tiene que advertir al conductor de la velocidad que deben circular”, puntualizó.
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