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Mesa “Vigilancia y derechos digitales en Uruguay y la región”, con Mariana Fossatti y Juan Carlos Lara

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Foto : Archivo

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Mesa “Vigilancia y derechos digitales en Uruguay y la región”, con Mariana Fossatti, socióloga e integrante de Datysoc (Laboratorio de Datos y Sociedad) y Juan Carlos Lara, abogado de la Universidad de Chile y magíster en Derecho y Tecnología por la Universidad de California, Berkeley; miembro de la organización Derechos digitales, donde coordina el equipo de investigación y políticas públicas

«Este tipo de programas no es una novedad, los gobiernos los vienen adquiriendo desde hace bastantes años. Existen varias empresas haciendo ofertas de software de vigilancia. En Uruguay existe El Guardián, un sistema adquirido por el ministerio del Interior que se usa para la interceptación de comunicaciones», Fossatti

«En América Latina son varios los países que han adquirido programas o los han desarrollado por su cuenta. Hacking team tuvo hace unos años una filtración grande en que se indicaba que un montón de países de la región eran clientes del software», Lara

«Esta clase de software está sujeto a menudo a controles de exportación, es decir, los países que no pueden desarrollarlos pueden comprarlo pero los países que los venden tienen restricciones para venderlos. Sin embargo, es habitual que Israel o EEUU admitan igualmente su venta», Lara

«Sobre las reglas de utilización hay dos grandes vías por las cuales podríamos usar estos programas: una es por los servicios de investigación criminal, la investigación de delitos, con autorización judicial, y otra es el ámbito donde es más fácil que haya abusos que es en el ámbito de Inteligencia. Allí aunque incluyan un control judicial se trata de procedimientos más opacos», Lara

«En el caso de El Guardián tiene que haber una orden judicial para su uso, hay un procedimiento a seguir, no puede hacer la policía una interceptación porque considera que es el método más rápido (…)Hay un sistema que sigue estas órdenes judiciales, el problema es que hay más opacidad de la que debería», Fossatti

«Este protocolo incluye a la actuación de las empresas de telecomunicaciones que tienen que dar acceso a los datos que tienen guardados. Ese es un espacio un poco indefinido, no hay un marco legal en Uruguay que indique por cuánto tiempo las empresas de telecomunicaciones están obligadas a almacenar los datos de sus clientes. Tampoco se hacen suficientes reportes en el país que indiquen, por ejemplo, cuántas personas fueron interceptadas. Se necesita mayor transparencia, debe existir una rendición de cuentas a la ciudadanía sobre el uso de estas herramientas», Fossatti

«El tema es si está definidia la necesidad y proporcionalidad de la medida, si es realmente la única alternativa posible interceptar una comunicación. Como las tecnologías van bajando su costo y aumentando su capacidad, los operadores judiciales y sobre todo la policía tienden a usarlas más, por eso es importante que haya un mayor control desde el Poder Judicial, desde el parlamento y desde todas las instancias democráticas que permitan tener esto bajo control. En Uruguay se han conocido casos de espionaje en democracia y por eso deberíamos prestar mucha más atención y tener muchos más reportes», Fossatti

«Uno de los problemas más terribles que tenemos es que no está claro para qué se usan estos programas. Una cosa es pensar que una persona está siendo investigada por un delito, pero a menudo se vigila a figuras políticas, es el viejo y conocido espionaje con el propósito de obtener grandes ventajas políticas. En algunos casos, por ejemplo en Azerbayán, se ha visto el uso para extorsionar personas o exponerlas públicamente», Lara

«Por el hecho de que tengan acceso a nuestros teléfonos, la cantidad de información que se obtiene de allí es demasiado grande. Cuando esas tecnologías son así de invasivas, parece no existir legalidad suficiente. Es decir, ¿hasta qué punto se puede acceder a todos los aspectos de la vida de una persona sólo para investigar, por ejemplo, su vínculo con el narcotráfico, el terrorismo o el crimen organizado? Da la impresión de que no existe un argumento suficiente que autorice a una violación tan profunda de la intimidad de las personas. Desde ese punto de vista, me gustaría pensar en no utilizar más estas tecnologías, en prohibir su adquisición y su desarrollo», Lara