Las mujeres víctimas requieren “acceso a la vivienda o el trabajo”, facilitar el cambio de escuela de los menores, puntualizó Soledad González.
Este martes por la tarde se reunió en Torre Ejecutiva la mesa de trabajo para la construcción de la “hoja de ruta” contra la violencia de género, encuentro comprometido la semana pasada por el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, luego del trágico desenlace del secuestro y posterior homicidio de Francisco y Alfonsina, dos niños de 2 y 6 años asesinados por su padre Andrés Morosini.
La reunión contó con la participación de Sánchez, la presidenta de Instituto Nacional de las Mujeres, Monica Xavier; la titular del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, Claudia Romero; la directora de Políticas de Género del Ministerio del Interior, July Zalabeta, y una delegada de la asesoría para la Igualdad de Género de la Intendencia de Montevideo.
Las representantes de los colectivos feministas fueron las militantes Soledad González y Valeria Caggiano, y las integrantes de la de la Red Uruguaya Contra la Violencia Doméstica y Sexual, Raquel Hernández y Natalia Fernández.
En la reunión, las distintas autoridades presentaron las acciones e iniciativas que cada institución impulsará durante la gestión actual. Por su parte, las organizaciones sociales presentaron una “propuesta de trabajo” que hace referencia a “revisar todo el sistema de respuesta, de manera integral y absoluta, de todas las instituciones que tienen responsabilidad” con la “atención, prevención, reparación, respuesta y acceso a la Justicia”, puntualizó González, quien integra la Red Uruguaya contra la Violencia de Género.
González indicó que el uso de la tobillera electrónica “es una cosa que llama mucho la atención a nivel social” porque “es un elemento visible” y de “rápida respuesta”, pero señaló que “hay un montón de situaciones” que requieren otro tipo de atención: “las mujeres necesitan asistencia sicosocial para superar situaciones dramáticas” que “requieren reparación”, así como “medidas materiales” como “acceso a la vivienda o el trabajo”, facilitar el cambio de escuela de los menores o “campañas de comunicación permanente”.
La militante definió que los colectivos feministas entienden que en la actualidad “hay fallas en todos lados” del sistema. “Las juezas decretan medidas sin tener evaluaciones de riesgo, esa es una falla enorme”, ejemplificó. También mencionó la “falta de contención” luego de realizar una denuncia, momento en el cual las mujeres son más vulnerables debido a que “el riesgo aumenta exponencialmente”.
La “interinstitucionalidad” es clave para el abordaje de la violencia de género y vicaria
Por su parte, Xavier indicó que el Poder Ejecutivo responderá “a la brevedad” las propuestas presentadas en la jornada por las activistas. “Es cierto que los últimos hechos nos han conmovido y todos sentimos la necesidad de decir que hay más cosas que se pueden hacer”, dijo la jerarca.
Xavier recordó que en la actualidad existe un Consejo Consultivo de Violencia previsto por la Ley n.º 19.580, integrado por 14 organismos y representantes de la sociedad civil, que “tiene en su agenda muchas de estas preocupaciones”. Para la atención de esta problemática, la directora de Inmujeres definió que “la interinstitucionalidad es clave”.
La Ley de Tenencia Compartida y la necesidad de legislar sobre delitos violentos contra niñas, niños y adolescentes también fueron tratados durante la reunión, aseguró la jerarca en diálogo con la prensa. Xavier recordó que el Parlamento trabaja para su derogación y rememoró que el Frente Amplio tiene en su programa “la revisión y modificación” de la normativa.
Recordó que hay 13 casos de niños asesinados por violencia vicaria en los últimos tres años. “Hay que reconocer que esta es una forma de violencia que utiliza el varón para dañar a la pareja y que hace daño nada más y nada menos que a sus propios hijos”.
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