Mercosur: gobiernos de Uruguay, Argentina y Paraguay recortaron financiamiento de institutos de derechos humanos

Como hay fondos excedentes por subejecución, Uruguay no aportará fondos a Instituto de Políticas Públicas y Derechos Humanos (IPPDH) del Mercosur ni al Instituto Social del Mercosur (ISM) y coincide con los socios en repensar el funcionamiento de ambos, que podría llegar con disminución de aportes.
El IPPDH fue fundado en 2009 y funciona en el predio del excentro de detención clandestino de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Actualmente lo preside la brasileña Andressa Caldas. A 15 años de su creación, el financiamiento se reparte en 62,5% por Argentina, 24,9% por Brasil y 6,3% por Uruguay y Paraguay.
Pero el pago de las deudas brasileñas al instituto en 2023 haría innecesario el aporte del resto de los socios, afirmó Folha de San Pablo y recogió La Diaria este jueves 5. Con esto, los países se negaron a contribuir con recursos a este organismo, en el marco de un descenso de presupuestación en todos los organismos del bloque regional.
Para las fuentes diplomáticas uruguayas de La Diaria, lo que ocurrió es que hay fondos por subejecución del presupuesto y esto motiva la decisión final, concretada en esta última cumbre del Mercosur.
Hay interés en fusionar organismos de derechos humanos del Mercosur y reducir sus ingresos
Además, según rescató La Diaria de las reuniones del Grupo Mercado Común realizadas en octubre de este año, Argentina propuso fusionar el IPPDH y el ISM (organismo con sede en Asunción, Paraguay) en una sola institución a bautizarse como Instituto Social de Políticas Públicas de Derechos Humanos del Mercosur.
Brasil y Paraguay se opusieron, dice la crónica de La Diaria. Pero los paraguayos abrieron la puerta a analizar la propuesta que, además, “implicará una reducción significativa en los aportes de los estados partes”, recogió el artículo del medio por suscripción. También se comprometió a ofrecer Asunción como sede del organismo, lo que retiraría al IPPDH del emblemático espacio.
Para Uruguay, en tanto, la mejor solución es mantener el “status quo” (sic.) con dos organismos por separado, reducir la contribución de los estados parte y trasladar la sede de los organismos a Montevideo.
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