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Foto: Pablo Vignali / adhocFOTOS
Más de 25 mil estudiantes no tienen conectividad, según datos del Gobierno
03/04/2021
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Más de 25 mil estudiantes no tienen conexión a internet para seguir las clases virtuales, según datos con los que cuenta el Plan Ceibal. Trabajadores de la Enseñanza cuestionan que se haya establecido la obligatoriedad de la virtualidad «sin garantizar las condiciones que lo posibilite», contradiciendo el principio de gratuidad. 

El gobierno resolvió suspender la presencialidad hasta el viernes 9 de abril, en centros públicos, privados y centros CAIF. Este jueves informó que la asistencia a las clases virtuales -a partir del lunes 5 de abril- será obligatoria.

«La obligatoriedad de la educación no se suspende y todos tendrán que conectarse o, en su defecto, justificar la inasistencia», señaló el presidente del Codicen, Robert Silva a El País. El jerarca advirtió que «existe una obligación de los docentes de continuar el vínculo con sus estudiantes, incluso en la virtualidad, y existe un derecho del estudiante de seguir siendo educado… no es un tema voluntario ni da lo mismo participar de las actividades o no».

Este sábado, el mismo medio reveló que el 5% de los alumnos de escuelas públicas y el 8% del ciclo básico de liceos  y UTU carece de internet para conectarse a las clases virtuales, más de 25 mil estudiantes según datos del Plan Ceibal.

Si bien el gobierno destaca algunos planes gratuitos de internet para docentes y la liberación de algunas plataformas de Ceibal que no consumen datos, «el sistema está pensado para un híbrido con la presencialidad” y eso supone un desafío, explicó el presidente de Ceibal, Leandro Folgar.

Esos 25 mil estudiantes son «el núcleo duro que más hay que atender, aunque luego hay otras dificultades como reparaciones de equipos o consumo de datos sobre las que se está trabajando”, explicó el jerarca.

Para la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay, las autoridades han tomado «una serie de definiciones que evidencian improvisación y que afectan el derecho a la educación, en especial a los sectores más pobres de nuestra sociedad, así como las condiciones en las cuales los trabajadores desarrollen sus tareas».

El haber «establecido la no obligatoriedad de asistir a clase, y ahora, la obligatoriedad de participar de la virtualidad sin garantizar las condiciones que lo posibilite y no contradiga el principio de gratuidad», cuestionan los trabajadores de la Educación.

El colectivo Familias Organizadas de la Escuela Pública, también reclamó a las autoridades que informen «de forma urgente y completa» las formas en las cuales alumnos y docentes «se pueden conectar a las plataformas virtuales». También exhortan «a realizar todas las gestiones necesarias para asegurar la conexión universal para la Educación».



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