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Martín Fernández, de Ielsur: hay que romper la posibilidad de que el narcotráfico se meta en el Estado y eso no se evita agarrando ´chasquis´ de pasta base
01/06/2020
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Entrevistado en InterCambio el abogado y activista Martín Fernández, integrante del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur), criticó los contenidos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) referidos al conjunto de seguridad pública, política criminal y legislación penal.

Fernández fundamentó sus críticas a la nutrida presencia de “instrumentos dentro de la LUC que radicalizan la política que desde el ´95 a la fecha ha tenido cierta desorganización; se ha ido legislando a golpe de balde sin que esa legislación logre dar cuenta del fenómeno” delictivo ya que desde hace 25 años en nuestro país, esa política punitiva “aumenta las penas” sin cesar pero estas “no logran de ninguna manera (…) desestimular esos delitos”, que siempre “se siguen cometiendo”, aun en mayor cantidad y gravedad.

Pese a toda esa punitividad estatal, el del delito y la prisionización “es un crecimiento sostenido, las cárceles siguen llenándose de personas (…) y la cantidad de delitos no disminuye, (…) por eso es importante exigirles a los políticos que sean muy claros en sus líneas de políticas criminales”, indicó.

Asimismo alertó contra la criminalización de la protesta y de la pobreza, porque estos “dos fenómenos no son abordables desde el control penal”, además de que “la protesta” social es un derecho “consagrado constitucionalmente”. Pero con la LUC “parece” apuntarse a “controlar manifestaciones” callejeras y populares, que están garantizadas “en el Estado democrático de Derecho”. Entonces “se está avanzando sobre la protesta” cuando en un Estado democrático “la protesta debe ser promovida” como herramienta “de deliberación y de debate” sociopolítico.

En materia de violencia interpersonal la LUC contiene “mucha legislación para la tribuna”, algo que en realidad va “como un misil teledirigido hacia un lugar concreto” que son los territorios de pobreza y exclusión. La norma “rompe la lógica de la legislación penal” al estar orientada solo “hacia los barrios” y zonas de “contexto crítico”, algo que “no es lo más saludable” y mucho menos justo ya que determinados hechos y desenlaces “se dan ahí, porque en otros barrios se resuelven de otra manera estos conflictos”.

En cuanto a los delitos sexuales “no es a través de la vía del aumento de penas que se desestimulan estas conductas”, camino este que “genera cierta confusión” en lo conceptual y técnico respecto de la normativa vigente. “Esto ni nada se soluciona con aumento de penas” tal como “nadie frena a las personas que fueron al Cerro ni nadie frena al padre que llamó a la madre” y le anunció “que iba a matar a sus hijos”. Estas cosas “no dejan de suceder” por aumentarse las penas como pretenden “los políticos” y de esto sobra evidencia, como ayer “en Rocha el sistema penal llegó tarde porque” necesariamente “llega después”, no habiendo forma de que lo haga antes.

Fernández también criticó el contenido de la LUC acerca del tráfico de drogas, porque “la aplicación” penal que establece “es sobre las cadenas más expuestas y vulnerables” del negocio, de modo que “las personas que caen son las mismas de siempre” y por esto mismo “aplicar las penas con relación a eso no tiene sentido”. Explicó que “el crimen organizado (…) y el narcotráfico (…) no se desarticula” siguiendo la lógica de “´agarro al de abajo y voy subiendo hasta llegar al poderoso´”, como se hacía en las primeras décadas del siglo 20; “eso ya no es así, porque las cosas funcionan de otra manera en el mundo” y entonces “no me sirve estar agarrando al que está vendiendo acá los ´chasquis´ de pasta” sino que debe apuntarse a “los vínculos de las personas con el sistema político, con el sistema financiero” y simultáneamente se impone “fortalecer a la Fiscalía” y al Estado en general “para que puedan llevar adelante las investigaciones”.

En esa dirección, el técnico y activista enfatizó en que “es muy razonable pensar que el narcotráfico actual se nutre de la corrupción” en el Estado y el “elenco de instituciones que pueden llegar a participar del narcotráfico”; por eso, “lo que hay que romper es la posibilidad de que el negocio del narcotráfico se meta en el Estado y eso no lo evitás agarrando ´chasquis´”.

Luego negó validez y corrección a la opinión de que el nuevo Código del Proceso Penal es más benévolo que el anterior, simplemente al contar la cantidad de presos “no se puede decir que es más benévolo”. En cambio, “lo que pasaba antes es que recién al cuarto o quinto hurto” cometido por una misma persona, el sistema de justicia ponía a esta “en prisión”; el entrevistado desarrolló a continuación su explicación de este capítulo.

Después advirtió que la prerrogativa que la LUC otorga a la Policía para detener personas e indagarlas, “lo que hace es fortalecer” la aplicación “del dicho ése: ´el caso está policialmente resuelto´”, cuando en la realidad “no existe eso”; la citada prerrogativa “es un fortalecimiento de aquel otro dicho: ´la puerta giratoria´”, alertó, señalando además que “cuanto mayor autonomía policial, mayores controles judiciales” para analizar “por qué esas personas fueron detenidas”; por lo tanto, “es la Fiscalía la que tiene que dirigir la investigación desde el primer momento”, puntualizó.

Más adelante, abordó las referencias de la LUC a la minoridad y lamentó que “no entendemos justificada la discusión nuevamente sobre el tema” y todavía “menos en una Ley de estas características”; incluirlo “no admite la justificación”, excepto porque “estaba en el Programa” del oficialismo.

Finalmente, Fernández evaluó que la creación “del Consejo de Política Criminal”, un ámbito propuesto con anterioridad por el Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario, Juan Manuel Petit, implica una iniciativa buena como idea pero señaló que en el caso concreto de la LUC, la valoración positiva es relativa y tiene alcance limitado por “la integración” prevista para el organismo, con preeminencia “del Ministerio del Interior” y ahondando en el concepto erróneo según el cual “los que saben” de estos temas “son los policías”, cuando esto “no es así” y hay gente idónea con conocimientos, experiencia y trayectoria comprobada.