Invitado a Uruguay para participar en un evento organizado por la asociación civil Siembra, el jurista peruano especializado en lucha contra la corrupción José Ugaz alertó contra los efectos de la LUC para captar capitales originados en el crimen, recomendó cuidar la financiación de los partidos y sugirió indagar qué pasó en Interior y Cancillería antes de concedérsele un pasaporte al narco Marset.
La Ley de Urgente Consideración (LUC) habilitó transferencias financieras por hasta 100.000 dólares en dinero efectivo, respecto de lo cual Ugaz advirtió en Nada Que Perder que “claramente esto genera una reacción de la GAFI”, el Grupo de Acción Financiera Internacional de la OCDE, creado en 1989 por el entonces G8.
Explicó que ese organismo promueve “recomendaciones” que indican que “toda transacción tiene que ser bancarizada y si no lo va a ser tiene que tener un límite; la regla de los 10.000 dólares” que regía en Uruguay hasta la LUC “es casi un límite universal”.
Lo ejemplificó al señalar que “uno cuando va a los aeropuertos del mundo lo primero que va a ver es un aviso que dice ‘si tiene usted más de 10.000 dólares en efectivo tiene que declararlos’”.
“¿Por qué en Uruguay se sube de 10 (mil) a 100 (mil), es decir 10 veces más el límite internacional? Precisamente para atraer capitales de origen sospechoso que no van a encontrar otros mercados donde poder movilizarse con tanta facilidad”, alertó.
El entrevistado recordó que “cuando se estableció el límite de los 10.000 surge el famoso ‘pitufeo’, que fue precisamente una de las modalidades para financiar el atentado contra las torres gemelas” neoyorkinas “el 11 de setiembre (de 2001) en Estados Unidos”.
“Si mi límite son 100.000 dólares en efectivo, yo puedo enviar a 10 personas, cada uno con 99.900 dólares en el bolsillo, y tengo un millón de dólares movilizados en el lapso de una hora”, avisó; “esto (introducido por la LUC) lo único que hace es incrementar el riesgo, aumentar las vulnerabilidades y generar espacios que pueden terminar haciéndole mucho daño al Uruguay”, advirtió.
“A veces ocurre que cuando uno disfruta, como ustedes, de un país con bastante estabilidad, con orden, donde la corrupción no es un problema cotidiano, no es consciente de lo que está viviendo, lo bien que se puede vivir en un país así; y se puede perder de un día para otro, eso es lo más trágico”, previno Ugaz.
Entre otros aspectos que abordó, el experto consideró asimismo que “es crucial” cuidar el financiamiento de los partidos políticos en razón de que “una de las marcas distintivas de América Latina en materia de corrupción tiene que ver con la penetración de grupos de interés en el poder” político e institucional del Estado.
En esa dimensión, “si nosotros tenemos candidatos que reciben financiamiento de narcotraficantes, mineros ilegales, de personas vinculadas a grupos de contrabando, de armas (…) o que reciben fondos de empresas, de grupos de interés… imaginen que mañana se sepa que ha habido un aporte de la empresa belga (Katoen Natie) a una de las campañas políticas vinculadas al gobierno…”.
“Esto sería un escándalo de corrupción típico, entonces el financiamiento de la política es crucial, tienen que establecerse los límites y la transparencia para el manejo de esos fondos; y algunos incluso sostienen que no debería recibirse ni un dólar que no venga del Estado, que sea el Estado, como pasa en algunos países, el único que puede aportar a la campaña”, destacó Ugaz.
El especialista ilustró también que “lo de (el narco uruguayo Sebastián) Marset explica la complejidad de la gran corrupción de estos tiempos; primero, es un fenómeno global, ahí nomás uno mira el caso y (…) hay por lo menos tres países involucrados”.
Un caso como Marset “también implica la facilidad con la que se puede estructurar e implementar una trama de corrupción, porque hay más dinero sobre la mesa, porque hoy la tecnología permite que se pueda expedir documentos con muchas facilidades; este señor ha fugado porque se le dio la oportunidad, un espacio ahí para que se le genere un nuevo documento y se pueda ir”.
“Y además -agregó el jurista peruano- que se trata de un tipo de corrupción que no solamente tiene un impacto económico: acá hay un fiscal muerto (Marcelo Pecci), y ha habido toda una estructura que ha permitido que eso pueda ocurrir en Colombia, gente que ha viajado con documentación falsa, sicarios”, apuntó.
En cuanto a lo que pasó en Cancillería y el Ministerio del Interior de nuestro país para concedérsele un pasaporte a Marset, “eso es lo que hay que investigar, porque a veces pasan por errores lo que son actos de complicidad; entonces hay que determinar hasta qué punto Cancillería efectivamente fue sorprendida”, recomendó.
“No vaya a ser -ojalá que no- que haya algún funcionario que estuvo coludido y que prefirió mirar a un costado para dar esa oportunidad, cosa que ocurre también con mucha frecuencia”.
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