La firma del contrato abre paso a la posibilidad de construir una planta desalinizadora en Arazatí, San José, criticada por científicos, lugareños, ambientalistas y el Frente Amplio. La estructura financiera, el pólder y la toma de agua son los puntos que el presidente electo, Yamandú Orsi, mencionó como los más problemáticos del proyecto
Este jueves 23 las autoridades salientes, encabezadas por el secretario de la Presidencia, Rodrigo Ferrés, suscribió el contrato para la instalación de una planta desalinizadora en Arazatí, que construirá el Consorcio Aguas de Montevideo.
Fue la confirmación de la iniciativa del presidente saliente, Luis Lacalle Pou, quien semanas atrás aseguró que el contrato se iba a firmar. Ocurrió a 37 días del traspaso de mando.
“Hoy le transmití al presidente (Luis Lacalle Pou) mi posición concreta de discrepancia con la oportunidad de que se firmara”, informó en rueda de prensa el presidente electo, Yamandú Orsi.
Ante esta realidad, ahora el gobierno entrante buscará la letra del contrato para conocer con exactitud cuáles son las cláusulas del compromiso entre el Estado y el consorcio privado, incluso aquellas partes que permiten “reconsiderar” y “corregir, si es que se puede corregir”, indicó Orsi.
En diálogo con Nada Que Perder (lunes a viernes desde las 09h. por M24 en su horario de verano) el ministro designado de Ambiente, Edgardo Ortuño, señaló este miércoles 23: “El tema del agua, el cuidado de un recurso fundamental y el aseguramiento del abastecimiento de la población de agua potable requiere políticas de Estado y, por tanto, grandes acuerdos nacionales fundados en el diálogo”.
Por esto, la firma del contrato apenas horas después de la entrevista, tiene un inconveniente para Ortuño: “limita las posibilidades de diálogo y limita las posibilidades de acción del nuevo gobierno”.
En la entrevista, Ortuño expresó que la firma del contrato fue “unilateral”, en el marco de la transición de gobierno. Y cuestionó la priorización de la iniciativa privada en proyectos estratégicos, lo que, a su juicio, ha debilitado la acción del Estado y sus empresas públicas.
OSE deberá pagar al año entre 50 y 57 millones de dólares por disponibilidad de la infraestructura durante 18 años, en una empresa que ya presenta “fragilidad económica”, finalizó Ortuño.
Ortuño critica la inminente firma del contrato de Arazatí y pide un acuerdo nacional sobre el agua
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