Las políticas públicas diferenciadas son fundamentales para el desarrollo de la producción familiar
12/11/2020
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En la media hora previa de la sesión de la Cámara de Diputados, el Representante Nélson Larzábal demandó la reinstauración en esta legislatura de la Comisión especial Asesora de la Asamblea General de Derecho a la Alimentación, que fue creada en el período de gobierno pasado, y que representaba a Uruguay en el ámbito del Frente Parlamentario Contra el Hambre en América Latina y el Caribe.

El Frente Parlamentario Contra el Hambre en América Latina y el Caribe fue creado por el PARLASUR en el año 2019, incorporándose a la iniciativa de la FAO. Es una red plural de legisladores que hoy está presente en más de 20 países de la región, a fin de trabajar para cumplir con el compromiso «Iniciativa América Latina y el Caribe sin Hambre 2025».

Larzábal fundamentó su iniciativa luego de analizar el sistema alimentario en el contexto internacional y en nuestro país, en el que «encontramos fuertes asimetrías entre los actores que lo componen».

Asimismo, señaló que el comercio de alimentos se concentra en grandes empresas que promueven hábitos de consumo no saludables que devienen en serios problemas de salud, entre ellos, sobrepeso, obesidad y mayor prevalencia de enfermedades no transmisibles tales como hipertensión, diabetes, enfermedades cardiovasculares (infartos de miocardio o accidentes cerebrovasculares) y algunos tipos de cáncer, que representan un incremento muy importante de los recursos que deben destinarse a atender la salud de la población, en la pérdida de calidad de vida de las personas, y en la disminución de la expectativa de vida.

«En el caso de Uruguay todos sabemos la importancia estratégica -y sobre todo económica- que tiene la producción agropecuaria. Pero no todos los productores corren con la misma suerte», afirmó Larzábal, centrando su exposición en la producción familiar «ya que es uno de los eslabones más vulnerables» del sistema.

A continuación, el Diputado frenteamplista electo por el departamento de Canelones afirmó que «éstos padecen una serie de dificultades que los dejan siempre al borde del precipicio». Para atenuar la situación de vulnerabilidad de la producción familiar Larzábal aseveró que este numeroso colectivo debe tener acceso a la tierra; a la vivienda digna; a tecnología y a asistencia técnica; a financiamiento; a agua para riego y uso doméstico; a los mercados; y a los servicios públicos, además de contar con una base jurídica y reglamentaria que contemple sus particularidades y características «dándoles protección y promoviendo ese patrimonio cultural como pilar fundamental para alcanzar la soberanía alimentaria».

A continuación, recordó que «ya existen varias herramientas de apoyo que permiten mejorar la vida de los productores y que repercuten en la economía doméstica; en la generación de empleo y de alimentos de calidad, bajo la premisa de la sostenibilidad», citando a modo de ejemplo el Plan Nacional de Agroecología, el Instituto Nacional de Colonización, la Dirección General de Desarrollo Rural, MEVIR, la ley de compras públicas a la producción familiar, y los programas de educación rural, entre otros.

En medio del debate parlamentario sobre el proyecto de ley de presupuesto presentado por el actual gobierno, en el que se imponen severos recortes a estas políticas públicas diferenciadas, Larzábal sostuvo que «éstas herramientas, manejadas como políticas de Estado, con un presupuesto digno, pueden impactar favorablemente y dar oportunidades y mejorar el enfoque de estos sistemas alimentarios. Son estratégicas para proyectar el desarrollo futuro de los productores familiares y asegurar la soberanía alimentaria».

Al finalizar su intervención, Larzábal demandó que la versión taquigráfica le fuera remitida a la FAO, a diferentes organismos de gobierno y a las organizaciones de la sociedad civil que representan a la producción familiar.